La Red Voces del Sur, con el objetivo de expandir su alcance al monitoreo anual sobre los avances y retrocesos relacionados con el ODS 16, presenta su reporte sobre el ODS 16.10.2, que mide el acceso a la información pública en América Latina. La red generó su propia metodología de monitoreo para valorar la normativa e implementación de las políticas públicas de acceso a la información en los países de la región.
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El acceso a la información pública es un derecho humano, reconocido a nivel supranacional y regional, que habilita al ejercicio de otros derechos. Este informe analiza el acceso a la información en el sector de la salud. Después de que el mundo enfrentó una pandemia por la COVID-19, es fundamental que la ciudadanía tenga acceso a la información en temas relacionados.
Algunos avances
El derecho de Acceso a la Información Pública ha demostrado avances importantes. La incidencia de la sociedad civil en la región ha propiciado avances notables en el marco de este derecho, así como la promoción de leyes de acceso a la información pública y la contribución a una agenda internacional mediante plataformas como la OEA y la CIDH.
En torno a la legislación y jurisprudencia, la region ha dado pasos importantes. Once de los trece países miembros de la Red VdS cuentan con normativas específicas en materia de acceso a la informacion. En cuanto a la jurisprudencia, existen fallos emblemáticos en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que demuestran el creciente apoyo de los entes internacionales a la causa de la transparencia en la región.
El Monitoreo del ODS 16.10.2 se levantó bajo la observación de cuatro dimensiones relevantes en el contexto de acceso a la información:
- La verificación de accesibilidad a través de solicitudes de información.
- La valoración de la regulación y estructura institucional para el acceso a la información pública.
- El monitoreo de la calidad de transparencia activa en el sector salud.
- La transparencia activa en la gestión de la pandemia por la COVID-19.
Principales hallazgos
- La tendencia en la Región muestra que existen normativas sólidas sobre acceso a la información. Sin embargo, todavía existe una brecha entre la normativa y la aplicación.
- Escaso conocimiento del derecho de acceso a la información pública entre la ciudadanía en general.
- Las herramientas para acceder a la información no son suficientemente incluyentes.
- Existen todavía en los gobiernos reticencias a entregar información, particularmente cuando la información está vinculada a temas de sensibilidad política como el uso de recursos públicos.