Un juzgado penal ha admitido una querella por difamación agravada de la Asociación Civil San Juan Bautista (ACSJB) contra la periodista Paola Ugaz, por una serie de publicaciones que vincularían a la querellante con apropiaciones de terrenos y uso de dinero ilícito en el marco de la relación que tuvo con el Sodalicio de Vida Cristiana (SVC). El SVC fue una institución religiosa disuelta por el Vaticano por prácticas de abuso psicológico, físico y sexual. Ugaz considera a la querella una represalia por sus investigaciones sobre el SVC, al que atribuye diversas denuncias ante la fiscalía que se tradujeron en investigaciones en su contra en los últimos años.
Como estrategia de su denuncia, la ACSJB pide a la periodista demostrar la veracidad de sus publicaciones, solicitando que, en el caso de que ello no ocurra, se le imponga una reparación civil simbólica, además de una rectificación pública, un año de prisión no efectiva y 120 días-multa. El IPYS reconoce que la querella es un recurso legítimo de cualquiera que se considere afectado en su honor por una publicación periodística, pero también llama la atención sobre la posibilidad de que sea usada como mecanismo para hostilizar periodistas como represalia por su trabajo, antes que buscar el resarcimiento del honor o esclarecimiento de los hechos. Por esta razón, el IPYS se mantendrá vigilante ante el desarrollo de este caso.
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