En los últimos días de noviembre de 2026, la Asociación de Periodistas de El Salvador (APES) denunció una nueva campaña de difamación y desprestigio impulsada desde medios estatales y cuentas afines al Gobierno de El Salvador contra el periodista y antropólogo Juan Martínez d’Aubuisson. La agresión se desencadenó a raíz de su trabajo periodístico y su investigación sobre la crisis humanitaria en Haití, tras la cual circularon en redes sociales fragmentos de entrevistas donde un presunto familiar del Primer Ministro haitiano afirmaba que el comunicador estuvo cerca de dos años en ese país habitando una casa supuestamente robada por las pandillas.
Dichas declaraciones fueron retomadas de forma malintencionada por medios oficiales como Noticiero El Salvador, perteneciente a Canal 10, y replicadas por cuentas y usuarios ligados al oficialismo con el evidente propósito de atacar al periodista. Al ponerse en contacto con el Centro de Monitoreo de la APES, Martínez d’Aubuisson desmintió las acusaciones, explicando que visitó Haití en una única ocasión entre febrero y abril de 2025 por cinco semanas —para recolectar información de la investigación "La Caída de Puerto Príncipe"—, hospedándose en un hotel privado en Pétion-Ville sin sostener contacto con líderes criminales. El Centro de Monitoreo de la APES corroboró que las fechas del viaje expresadas por el periodista son correctas y que las afirmaciones difundidas son falsas.
Ante esta situación, la APES expresó su solidaridad con Martínez d’Aubuisson y exigió a los medios estatales como Canal 10 detener y retractarse de las acusaciones, los ataques difamatorios y los discursos de criminalización, exhortando además a las autoridades haitianas a garantizar la seguridad del comunicador. La comunicación cuenta con el respaldo de ARTICLE 19 Oficina para México y Centroamérica, la Red Centroamericana de Periodistas, la propia APES y Dromómanos, quienes advirtieron que este tipo de hostigamientos ponen en grave riesgo su vida y su labor informativa.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) rechaza enérgicamente los ataques difamatorios y campañas de desprestigio impulsadas desde aparatos estatales contra periodistas de investigación. El IPYS recuerda que criminalizar el trabajo de la prensa y asociarla sin fundamento con estructuras criminales vulnera de manera directa el derecho a la libertad de expresión, y atenta contra el interés público de informar a la ciudadanía sobre asuntos de relevancia internacional.
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