Mediante un proyecto de ley presentado al Congreso, el gobierno ha planteado reformar el artículo 61 de la Constitución, según el cual el Estado facilita y vigila la libre competencia, combatiendo el abuso de posiciones dominantes. Respecto de los medios de comunicación, la Constitución sostiene que no pueden ser objeto de exclusividad, monopolio ni acaparamiento, directa ni indirectamente, por parte del Estado ni de particulares.
La propuesta del gobierno, en cambio, prohibiría de plano los monopolios y oligopolios.
El proyecto de ley añade la prohibición a la propiedad cruzada de medios de comunicación. Esto es, que un medio impreso no podría administrar radios o televisión, o viceversa.
Es absurdo prohibir la propiedad cruzada de manera absoluta en un contexto en que los cambios tecnológicos han convertido a los medios impresos en audiovisuales. Hacerlo es impedirles su desarrollo, debilitarlos, y bloquear la transición a la que están obligados para subsistir.
En la experiencia comparada lo que se discute son porcentajes de propiedad cruzada, siempre como mecanismo para garantizar la pluralidad, que no está siendo limitada en el Perú. Existe un litigio judicial sobre concentración de medios impresos, pero este debe ser definido de acuerdo con los parámetros constitucionales existentes.
El proyecto de ley no expone problemas concretos de libre competencia que haya causado el actual estatus de los medios. No está amparado en ningún estudio. Su inconsistente exposición de motivos carece de toda evidencia empírica. Parece claro, entonces, que su objetivo es sancionar y limitar la acción de determinados medios de comunicación, algunos de los cuales han sido expresamente mentados y denostados por el primer ministro Aníbal Torres.
Esto ocurre mientras la prensa está exponiendo graves irregularidades en el manejo gubernamental que han llevado a la actual crisis política. La Convención Americana de Derechos Humanos prohíbe utilizar las regulaciones estatales para sancionar o premiar a los medios de comunicación por su línea editorial. La iniciativa confirma las tendencias autoritarias presentes en el gobierno del señor Pedro Castillo.
Lima, 12 de abril, 2022