Ya tenemos a los finalistas del concurso "Acceso a la Información Pública y Periodismo de Investigación", Premio RELE 2019 convocado en el marco de la Colpin-2019, por parte de la Relatoría Especial, el Instituto de Prensa y Sociedad (IPYS), con el auspicio de la oficina de Unesco en Montevideo.
El concurso que busca fomentar el empleo del derecho de acceso a la información pública por parte de los medios de comunicación y la prensa de América Latina y el Caribe, premiando a los trabajos periodísticos que hubieran obtenido información por esa vía.
Finalistas
La RELE dio a conocer mediante un comunicado a los doce finalista del premio, "las investigaciones seleccionadas son de alto interés público y refieren a asuntos de extraordinaria relevancia para el fortalecimiento de la democracia en la región, tales como: presunta corrupción, violaciones a los derechos humanos, abusos policiales en la seguridad pública, educación, narcotráfico e impunidad y justicia".
Según las bases del concurso, la RELE designará a tres ganadores en los próximos 15 días, sin especificación de puestos, debiéndose entender que cada uno ha ocupado el primer lugar.
Los ganadores recibirán un diploma y serán invitados a participar en la Conferencia Latinoamericana de Periodismo de Investigación (COLPIN) 2019 a realizarse en la Ciudad de México, México, entre el 7 y 10 de noviembre del 2019 con los gastos de pasajes aéreos y hospedaje cubiertos por los organizadores. Los ganadores se comprometen a participar en una mesa de la COLPIN 2019 en la que explicaran sus trabajos
A continuación la lista de finalistas:
Convenios de Fuerza y Justicia: Petroleras y mineras financian a la Fuerza Pública y a la Fiscalía, Rutas del conflicto y La liga contra el silencio (Colombia).
A partir de pedidos de acceso a la información y peticiones los periodistas consiguen y sistematizan 200 convenios firmados entre empresas mineras y de petróleo con las instituciones de Policía, Fuerzas Armadas y la propia Fiscalía. Los convenios incluyen fondos pagos por las empresas para que las fuerzas de seguridad realicen la seguridad en sus emprendimientos y la fiscalía persiga posibles ilícitos contra las instalaciones de las propias empresas. De acuerdo a la investigación, parte de los recursos destinados por las empresas se utilizan para otros fines --como beneficios para los integrantes de las fuerzas de seguridad--; y por otro lado aborda el posible conflicto de interés para la fiscalía que procesa a líderes que se oponen a estos emprendimientos.
Gran Atlas del conflicto. El Espectador (Colombia).
Una titánica labor de elaboración de bases de datos sobre la situación del post conflicto. Se trata de una herramienta de análisis que cruza los datos públicos de homicidios y atentados terroristas en los últimos siete años con información sobre la presencia de grupos ilegales en cada territorio, desplazamiento forzado, asesinato de líderes sociales y crecimiento de cultivos ilícito. Se destaca la presentación y sistematización de este ejemplo de periodismo de datos.
Las pruebas de cómo Mauricio Funes derrochó dinero público. El Faro (El Salvador), de Sergio Arauz, Efrén Lemus, Manuel Talavera y Óscar Martínez.
En base a pedidos de acceso a la información a la Presidencia de la República, informantes y entrevistas, esta investigación documenta el abuso de poder y el desvío de más de un millón de dólares de los fondos reservados de la Presidencia de El Salvador para viajes privados del ex presidente Funes y su familia, el pago de cuentas personales y el derroche de dinero público en costosas compras en tiendas internacionales. Un excelente ejemplo de buen pulso periodístico y el uso de la herramienta que brinda el derecho de acceso a la información.
Caveirao Voador. Extra (Brasil), Rafael Soares.
Una investigación realizada en base a 10 solicitudes de acceso a la información determina la cantidad y el impacto de las incursiones de un helicóptero blindado de la Policía de Río de Janeiro utilizado como plataforma de tiro en las favelas de dicha ciudad. Las solicitudes fueron rechazadas en primera instancia por la Policía alegando que no producían esa información. Tras más de 20 entrevistas con fiscales y policías, el periodista descubre que con cada vuelo se producía un documento e hizo nuevos pedidos información; en julio 2019 consiguió todos los documentos. Concluye que la Policía triplicó en un año los vuelos del helicóptero blindado, y lo utilizó como plataforma de tiro cada cuatro días en 2018.
Vivir sin agua/Las horas oscuras. Prodavinci (Venezuela), Luisa Salomón, Ricardo Barbar y Francis Peña.
Dos investigaciones de este medio venezolano abordan la crisis de suministro de energía y agua potable. En base a la programación del racionamiento publicada por el Estado y las bases de datos demográficas, concluyen que los municipios de menor ingreso per cápita son los más afectados por el desabastecimiento. La información está muy bien presentada gráficamente y se explica el contexto en base a la opinión de expertos que ofrecen respuestas a la crisis de agua y energía, que a su vez forma parte de la crisis humanitaria que sufren los venezolanos.
El fallido combate al lavado de dinero en México. Mexicanos contra la corrupción/El País (México y España), Zoraida Gallegos Valle.
Una investigación sobre más de 5.000 expedientes abiertos en la Fiscalía de México por lavado de activos exhibe el fracaso de la persecución de organizaciones criminales vinculado a la dimensión del lavado de activos. De estos miles de casos abiertos apenas 16 culminaron en condenas y en casi todos los casos se trata del eslabón más débil de la cadena, por ejemplo quienes transportaban el dinero en efectivo. Ninguno de los "capos" de los carteles de la droga tienen cargos por lavado de activos. Basado en solicitudes de acceso a la información y litigo, luego de haber sido denegadas por razones de seguridad nacional.
Edomex: fábrica de culpables. La Silla Rota y MCCI (México), Alejandro Melgoza, Sandra Romandía y París Salazar.
Revela la práctica en este Estado de la federación mexicana de fabricar culpables de delitos contra la seguridad pública en base a falsos testimonios y tortura. Utiliza pedidos de acceso a la información y testimonios, para analizar unos 25 expedientes. Ex magistrados que solicitaron confidencialidad confirmaron la información. La investigación cuenta con casos y evidencia sobre cómo la tortura fue un método extendido para resolver casos judiciales.
En 28 años la familia Bolsonaro designó 102 personas familiares en cargos públicos. O Globo y Época (Brasil), de Juliana Dal Piva, Juliana Castro, Rayanderson Guerra, Pedro Capetti, Marlen Couto, Bernardo Mello e João Paulo Saconi.
Con datos conseguidos a través de pedidos de acceso y bases de datos públicas revelan prácticas de presunto nepotismo de la familia Bolsonaro en tres décadas de actividad parlamentaria. Según la investigación unas 230 personas, de ellas 102 con algún grado de parentesco, habrían sido empleadas como asesores u otros cargos por el actual presidente y sus tres hijos en los cargos electivos que han ocupado. En varios casos las personas contratadas no habrían trabajado efectivamente.
Los Decretos Secretos de la Dictadura. Infobae (Argentina), Mariel Fritz Patrich y Sandra Cucianelli.
Este equipo periodístico sistematizó más de 7.000 decretos secretos firmados por la última dictadura militar que, hasta ahora, nunca habían sido procesados y analizados en su totalidad. En una decena de reportajes revelan manejos económicos, graves violaciones a los derechos humanos y abusos de poder de todo tipo. La investigación tuvo como complemento visitas presenciales a los archivos y una muy buena presentación de datos.
Más de 400 jueces sancionados con propuestas de destitución. Convoca (Perú), Alejandro Canchanya.
El periodista construyó una base de datos con las resoluciones disciplinarias aprobadas en Perú durante la última década, por parte de las oficinas de control encargadas de revisar la actuación de magistrados. En más de la mitad de los 750 casos analizados la propuesta de los órganos de control fue la destitución de los jueces involucrados, por la comisión de faltas graves como favorecer a una parte del proceso judicial a cambio de una retribución, abuso de funciones, prevaricato y otras conductas graves. Las presentaciones gráficas también permiten sacar conclusiones sobre el nivel jerárquico de los magistrados involucrados y las ciudades en donde operan estos esquemas de corrupción.
La ONG evangélica que se mete con tus hijos. El Surtidor (Paraguay).
A través de pedidos de acceso a la información la investigación periodística muestra el destino de fondos públicos a través de una ONG evangélica, para ofrecer charlas sobre educación sexual en colegios públicos y que promueven la abstinencia como método preventivo y difunde información falsa en relación con la educación sexual. En base a 6 pedidos de información y entrevista con informantes.
Los dueños de la seguridad privada en Guatemala. Plaza Pública (Guatemala), Suchit Chávez.
En base a solicitudes de acceso a la información, revisión de fuentes abiertas y entrevistas este reportaje describe el negocio de la seguridad privada en Guatemala, en especial la creciente contratación de empresas de seguridad por parte del Estado para brindar servicios que son parte de sus funciones esenciales. Estas empresas son manejadas por ex militares que también asesoran a los candidatos durante las campañas electorales.