En diciembre de 2025, en Puerto Rico se reportaron graves retrocesos legislativos que afectan el ejercicio del periodismo de investigación y el acceso a la información pública. El Gobierno de Puerto Rico, en un acuerdo entre el Poder Ejecutivo y Legislativo, promulgó dos leyes que limitan el acceso a la información a la prensa y la ciudadania en general. El Proyecto del Senado 331 se convirtió en la Ley 114-2025 a finales del año pasado y volvió confidencial todos los certificados registrados en el Registro Demográfico en Puerto Rico, incluyendo los de defunción.
Según indica la ONG Overseas Press Club of Puerto Rico (OPC), ONG dedicada a la defensa de la libertad de prensa en el país, este registro permitió el desarrollo de importantes investigaciones periodísticas como la revelación en 2017 de la verdadera cantidad de muertos que ocasionó en el país centroamericano el huracán María. También ha ayudado a documentar las víctimas fatales por uso desmedido de la fuerza policial y de feminicidios.
La Legislatura y el Gobierno Central de Puerto Rico también actuaron en complicidad para limitar el acceso a la información con la aprobación del Proyecto del Senado 63. Ese proyecto se convirtió en la Ley 156-2025 y modifica la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública, introduciendo cambios que aumentan la burocracia y restringen el acceso a la información. Dicha Ley extendió a casi dos meses el plazo para que las agencias estatales respondan solicitudes de acceso a la información pública.
Estas medidas imponen barreras directas al escrutinio cívico y periodístico en materia de salud pública, crisis demográfica y desastres naturales. El Centro de Periodismo Investigativo de Puerto Rico (CPI)—organización que ha presentado 50 demandas legales exigiendo acceso a datos desde 2007, incluyendo seis contra la administración de la gobernadora Jenniffer González Colón en lo que va del año— presentó un informe junto al Colegio de Abogados y Abogadas de Puerto Rico, respaldado por 12 organizaciones, en rechazo absoluto a estas iniciativas.
“El último año y medio ha sido un retroceso en términos de transparencia, acceso a la información y la libertad de prensa en Puerto Rico. La Asamblea Legislativa aprueba proyectos sin siquiera pedirle insumo a las organizaciones periodísticas y la Gobernadora los firma sin reunirse o pedir opinión al gremio afectado”, apunta Wilma Maldonado Arrigotía, presidenta del Overseas Press Club de Puerto Rico.
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) rechaza la imposición de restricciones legales y burocráticas que obstaculicen el acceso a la información pública en Puerto Rico. El IPYS recuerda que la transparencia estatal y el libre acceso a los archivos gubernamentales son condiciones esenciales para la rendición de cuentas, el trabajo periodístico de interés público y el fortalecimiento democrático.
Follow the author on or visit Personal Blog