
El fiscal Robinson Ramírez, de una fiscalía especializada en violencia contra la mujer, decidió investigar a cinco periodistas de Willax junto con otras personas no periodistas, por acoso, violación de domicilio y banda criminal. La investigación se originó en una denuncia de la fiscal Marita Barreto, ex coordinadora de Eficcop, a quien el medio viene criticando insistentemente.
En su denuncia la fiscal Barreto sostuvo que es víctima de difusión de contenidos que cuestionan su desempeño profesional, su vida personal y dignidad, lo que afectaría su salud emocional y entorno familiar.
Los investigados son los periodistas José Carlos Paredes, Augusto Thorndike, Marycielo del Castillo y Milagros Leiva, junto con Miguel Ángel Girao (investigado en el caso Valkiria), y los abogados Luis Alberto Pacheco y Rodolfo Orellana Ramos.
El fiscal ha derivado la investigación a una fiscalía provincial sin calificar la denuncia conforme a ley, para determinar si los hechos se encuadran en el tipo penal. La modalidad de banda criminal exige como mínimo unión de personas y acuerdo o concierto para cometer delitos. El fiscal ni siquiera comprobó que las personas se conocen o mantienen acuerdos más allá del trabajo en un medio de comunicación. Los periodistas investigados niegan tener vínculos con el resto de personas mencionadas en la denuncia.
En la línea de los estándares jurisprudenciales sobre libertad de expresión, el IPYS recuerda que la actuación de todo funcionario está sometida al máximo escrutinio público a través de la prensa. En el caso de que consideren que esta cometa excesos y afecte derechos, tienen expeditas las acciones legales establecidas, lo que de ninguna manera justifica el recurso a figuras penales claramente impertinentes que buscan criminalizar a los medios o equipos periodísticos como organizaciones o bandas criminales. El sistema de justicia tampoco debe avalar este tipo de prácticas abriendo investigaciones bajo estas figuras legales sin el mayor rigor o escrutinio