El IPYS demanda una más amplia y certera información oficial sobre el COVID 19. Es fundamental para encarar la crisis. Al mismo tiempo alienta a los medios y ciudadanos a buscar otras fuentes acreditadas sobre la pandemia.
Son perseguibles penalmente acciones dirigidas a crear pánico en la población o a desalentar a los funcionarios públicos, mediante falsificaciones informativas. La norma en vigencia incluso puede afectar a autoridades que brinden premeditadamente información inveraz. Sin embargo, no puede pretenderse que solo sea difundida, o permitida, la información oficial, como demanda en un mensaje el Ministro de Justicia.
La información oficial es una de las valiosas fuentes de la sociedad y de los medios. Es pertinente incluso refutarla o criticarla a partir de otras referencias confiables, como se viene haciendo por parte de periodistas y científicos en todo el mundo democrático.
Del mismo modo, aunque los agentes del Estado tienen obligaciones de confidencialidad que son inherentes a sus responsabilidades, son impertinentes las medidas de amordazamiento respecto de situaciones de interés público que deben ser conocidas por la sociedad o requeridas por los medios.