Perú: Organizaciones condenan ley que restringe la labor de la sociedad civil

Las organizaciones firmantes expresamos nuestra más enérgica condena ante la promulgación el pasado 14 de abril del 2025, sin observaciones por parte del Poder Ejecutivo del Perú, de la ley aprobada en el Congreso el 12 de marzo, que representa una seria amenaza para la defensa de derechos humanos. Asimismo, la aprobación de esta norma incumple con la obligación del Estado de Perú de garantizar los derechos de reunión, asociación, expresión, defender derechos humanos de las personas integrantes de organizaciones de sociedad civil, así como el derecho de acceso a la justicia y peticionar ante un órgano internacional de las víctimas.

Esta norma, que otorga amplias facultades de control a la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI), impone un sistema de autorización previa sobre las actividades de las organizaciones de la sociedad civil que reciben financiamiento internacional. A partir de ahora, estas organizaciones deberán obtener la “conformidad previa” del Estado para implementar proyectos y actividades, lo que subordina su labor a la autorización estatal y atenta directamente contra su autonomía e independencia.

Además, la ley califica como “infracción muy grave” el supuesto “uso indebido” de fondos de cooperación cuando estos se destinen a brindar asesoría, asistencia o financiamiento a acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza, en instancias nacionales o internacionales, que cuestionen al Estado peruano. Es decir, cualquier organización que represente o apoye legalmente a personas o comunidades afectadas por violaciones de derechos humanos podría ser sancionada. En caso de cometer una infracción grave, la APCI podrá imponer sanciones económicas desproporcionadas, de hasta 500 Unidades Impositivas Tributarias (aproximadamente US$720,000) y suspender o cancelar el registro de dichas organizaciones.

La promulgación de esta norma se enmarca en una preocupante tendencia regional de cierre del espacio cívico, en el que varios gobiernos han impulsado normativas que imponen requisitos administrativos y financieros desproporcionados, dificultando el acceso al financiamiento, además de otorgar amplios poderes de control a entes estatales. Estas medidas, lejos de fomentar la transparencia, han sido utilizadas como instrumentos de censura y represión. Casos emblemáticos como los de Nicaragua, donde miles de organizaciones han sido ilegalizadas desde 2018; Venezuela, con la reciente aprobación de una ley que otorga al gobierno amplias facultades para disolver organizaciones; y Paraguay, con la Ley N.º 7.363 de 2024, que impone restricciones arbitrarias a las entidades sin fines de lucro, son ejemplos de esta tendencia. En este contexto, la ley recientemente promulgada en Perú se suma a una peligrosa deriva regional que debe ser enfrentada con urgencia.

Reiteramos nuestra solidaridad con las organizaciones peruanas que hoy ven amenazada su existencia y su importante labor. Hacemos un llamado firme a la comunidad internacional, a los órganos del sistema interamericano y de Naciones Unidas, y a los gobiernos de la región a continuar pronunciándose y actuando ante esta grave regresión. Proteger el espacio cívico es esencial para garantizar los derechos fundamentales de todas las personas en América Latina.