El 28 de setiembre de 2025, la Policía Nacional del Perú emitió un comunicado anunciando que presentará una denuncia penal contra la periodista Karla Ramírez, jefa de la Unidad de Investigación del programa Panorama, que se emite todos los domingos por Panamericana Televisión.
En el comunicado, se imputa a la periodista de haber cometido delitos de acoso por haber llamado varias veces al suspendido comandante general de la Policía, Víctor Zanabria, y al comandante Danny Sevilla Arias, para obtener sus descargos sobre una información que iba a publicar en el dominical y que compromete a ambos en serias denuncias.
En la carta, la PNP también acusa a Ramírez de publicar información no verificada y que está coludida con un sector del Ministerio Público para afectar a la institución.
Roberto Pereira, abogado y asesor jurídico del IPYS, explicó al diario El Comercio que el presunto delito de acoso en contra de Zanabria y Sevilla Arias “no se configura”, ya que la periodista se ha limitado a buscar los descargos de los involucrados como corresponde en el trabajo periodístico.
“Lamentablemente, sigue una pauta preocupante: ante cada cobertura de los medios, si se discrepa con su línea editorial, con la relación con sus fuentes o cómo se cubre una noticia, inmediatamente la prensa es amenazada con ser denunciada. Esto refleja una intolerancia manifiesta hacia la labor de la prensa”, declaró Pereira, calificando estos hechos como un "aprovechamiento perverso y temerario" del sistema de persecución penal. “En el fondo, esto busca tratar de impedir el trabajo de la prensa o sancionarla, promoviendo investigaciones por discrepancia sobre los contenidos que esta divulga”.
Finalmente, el abogado señaló que “a alguien le puede gustar o no gustar la manera en la que un reportero aborda un tema, pero de allí a promover una denuncia penal y publicar un comunicado oficial desde la Policía Nacional, me parece una actitud destemplada y absolutamente inaceptable”.
IPYS respalda lo dicho por Pereira, expresando su preocupación ante estos actos desde el gobierno que buscan amedrentar a la prensa dedicada a fiscalizar la función pública.
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