
El 18 de mayo de 2026, el juez César Germán Almanza Barazorda, ordenó a los periodistas Analí Andrade Pareja, del medio Fuerza Informativa Apurímac, y Edwin Ramírez Delgado, del portal Portada.pe, retirar sus publicaciones relacionadas con el juez superior Wilmar de La Cruz Gutiérrez por supuestamente haber mellado en su honor. El Primer Juzgado Civil de Andahuaylas declaró fundada la demanda del presunto afectado y ordenó la eliminación definitiva de las publicaciones periodísticas, así como la prohibición de nuevas notas relacionadas con De la Cruz.
La resolución determinó que los periodistas vulneraron los derechos al honor, a la buena reputación, a la imagen propia y a la presunción de inocencia del demandante. El fallo impone a los periodistas la obligación de borrar de sus cuentas de Facebook los enlaces, videos y transmisiones en vivo de los días 11, 18 y 19 de noviembre de 2025, bajo apercibimiento de aplicárseles multas acumulativas y remitir copias al Ministerio Público en caso de resistencia.
La decisión judicial también les prohíbe hacer nuevas publicaciones o comentarios que reiteren los cuestionamientos hacia el juez.
En la demanda, el magistrado De La Cruz sostuvo que los periodistas “asumieron como propio” el contenido de una queja funcional ante la Oficina Descentralizada de Control de la Autoridad Nacional de Control que se encontraba en etapa inicial y reservada. El juzgado indicó que incumplieron el “deber de diligencia” al difundir como hechos comprobados un presunto tráfico de influencias y conflicto de intereses. La queja señala que el demandante habría actuado de forma parcializada para favorecer al alcalde de Andahuaylas, Abel Serna, en un proceso de violencia sexual, debido a que la pareja del juez labora en dicha municipalidad. No obstante, el fallo concluyó que los periodistas distorsionaron la información al presentar la decisión judicial como un acto unilateral del demandante, omitiendo reportar que las resoluciones de una Sala Superior dependen de un colegiado de tres magistrados
Frente a esta sentencia, se interpuso un recurso de apelación. La defensa del periodista solicitó declarar nula la resolución en su totalidad, reiterado que las publicaciones reportaron asuntos de interés público.
IPYS alerta sobre éste y otras decisiones judiciales que, de forma recurrente, vienen emitiendo fallos contra medios de comunicación y periodistas luego de informar y fiscalizar las gestiones públicas.
