América Latina, 03/10/2025 – En 2024, la violencia contra la prensa en América Latina sumó 3.766 agresiones, documentadas en 17 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, México, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela. En 49,3% de los casos registrados, actores estatales fueron los principales responsables, según revela la séptima edición del Informe Sombra sobre la libertad de prensa en América Latina.
Aunque el total de alertas disminuyó ligeramente respecto a 2023, el nuevo informe advierte que esto no refleja una mejora, sino un «reacomodamiento de las agresiones» y la consolidación de la autocensura, los desiertos informativos y el exilio forzado de periodistas.
El Informe Sombra 2024, elaborado por la Red Voces del Sur (VDS), evidencia un escenario de riesgo extremo donde la represión estatal, el crimen organizado y la impunidad sistémica amenazan el derecho a la información, debilitando la democracia en la región.
Voces del Sur es una red conformada por 17 organizaciones de la sociedad civil que trabajan para promover y defender la libertad de expresión, la libertad de prensa y el acceso a la información en toda América Latina.
La Red VDS nació en 2017 con el objetivo de diseñar una metodología compartida en el Indicador 16.10.1 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la ONU para monitorear las violaciones a las libertades y derechos informativos, contrarrestando la información oficial de los Estados.
Hallazgos claves del Informe Sombra 2024:
-Violencia letal y extrema en aumento: 14 periodistas fueron asesinados en la región, lo que equivale a una muerte cada 26 días. Honduras, México y Colombia se mantienen como los territorios más letales. Además, se triplicaron los casos de tortura, pasando de 4 en 2023 a 12 en 2024. También se registraron 4 desapariciones forzadas y 8 secuestros. La impunidad frente a estos crímenes sigue siendo la norma, lo que fomenta la repetición de la violencia.
-El Estado, un agresor sistemático: los actores estatales fueron responsables de casi la mitad de todas las violaciones registradas (1.681 alertas). Las fuerzas policiales y de seguridad perpetraron una de cada tres «agresiones y ataques», la categoría más frecuente con 1.562 casos. Presidentes como Javier Milei (Argentina), Nicolás Maduro (Venezuela) y Nayib Bukele (El Salvador) destacaron como los principales agresores individuales en la región.
-Discurso estigmatizante como arma: con 756 registros, fue la segunda forma de violencia más común (20,1% del total), duplicando su frecuencia desde 2020. Más de la mitad de estos discursos provinieron de actores estatales, quienes utilizaron la retórica para desacreditar a la prensa, legitimar la hostilidad y crear un ambiente permisivo para ataques físicos.
-Judicializar para censurar: el uso del sistema judicial para intimidar a periodistas continuó en ascenso, con 217 procesos civiles y penales documentados, un aumento sostenido en los últimos años. Colombia, Brasil y Chile fueron los países con mayor número de casos, donde el 61,1% de los procesos fueron iniciados por actores estatales.
-Crimen organizado, una amenaza creciente: la violencia de grupos criminales se intensificó, con 170 agresiones, triplicando su incidencia desde 2021. El asalto armado en vivo al canal TC Televisión en Ecuador fue un caso emblemático que evidenció el poder de estos grupos para silenciar a la prensa.
-Violencia diferenciada: se registraron 142 alertas de violencia basada en sexo u orientación sexual, afectando de manera desproporcionada a mujeres periodistas, comunicadoras indígenas y periodistas LGBTIQ+. Estos ataques, a menudo con contenido misógino y sexista, buscan silenciar coberturas sobre derechos humanos, corrupción y género.
-Aumento de desiertos informativos: el informe también destaca la profundización de la censura y los «desiertos de noticias» en regímenes autoritarios como Cuba, Nicaragua y Venezuela, donde la represión ha forzado a cientos de periodistas al exilio y ha dejado a comunidades enteras sin acceso a información independiente.
Para acceder al informe completo y a los datos por país, consulte el informe completo.
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