La Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH) en colaboración con la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) e IFEX-ALC presentaron ante el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Informe Alternativo al artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que refleja las sistemáticas violaciones a la libertad de prensa y al acceso a la información pública que enfrenta el periodismo independiente en Nicaragua.
El Comité de la ONU supervisa la aplicación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos por sus Estados Partes. La lista de cuestiones a presentar al Estado en este proceso de evaluación se adoptará del 14 de octubre al 8 de noviembre de 2019.
EL INFORME
El Informe Alternativo recoge el estado de la libertad de expresión en Nicaragua, el acceso a la información y las constantes violaciones a los Derechos Humanos de periodistas y medios independientes cometidas por el régimen de Daniel Ortega durante la última década. El caso más representativo y grave que se ha presentado hasta el momento, ha sido el asesinato del periodista Angel Gahona, ocurrido en Bluefields el 20 de abril del 2018, tras el estallido de las protestas cívicas. (Conoce su historia aquí en el Proyecto Impunidad)
"Las organizaciones demandan, entre otras cosas, una investigación exhaustiva e independiente del asesinato del periodista Gahona; la devolución de las propiedades de los medios independientes, allanadas y confiscadas por el gobierno, como: el Canal 100% Noticias y las instalaciones de Confidencial y Esta Semana; el cierre de los expedientes judiciales en contra de los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda Ubau, quienes fueron encarcelados durante 172 días, por ejercer su derecho a la libertad de expresión y de informar a la población, la cancelación de sus antecedentes penales y la devolución de sus bienes ocupados."
Los organismos también exigen el cese de las agresiones físicas, la intimidación y las amenazas por parte de grupos parapoliciales y paramilitares, así como también la persecución, difamación, acoso y uso de lenguaje estigmatizante en contra de periodistas independientes y personas defensoras de Derechos Humanos.
Se espera que el Estado cumpla con las medidas cautelares a favor de los periodistas, familiares, defensores de derechos humanos y garantice el retorno seguro de más de 91 periodistas que se encuentran en el exilio.
