
El 10 de febrero de 2026, la gestión del alcalde de Miraflores , Carlos Canales, emitió un comunicado acusando al equipo periodístico del noticiero La Encerrona de haber cometido delitos informáticos, tras informar que en la web de dicha municipalidad se publicó un link que exponía miles de datos personales de más de 60 mil vecinos del distrito.
La mañana de ese 10 de febrero , La Encerrona publicó un reportaje donde alertaba sobre una vulnerabilidad en la web de la municipalidad, al descubrir que cualquier persona podía tener acceso a las cartillas tributarias de los vecinos del distrito sin romper candados ni utilizar algún software específico para ello. El noticiero informó a la Municipalidad de Miraflores de esta vulnerabilidad antes de la emisión del reportaje.
Una vez que dicho enlace fue dado de baja de la web, La Encerrona publicó lo que habían descubierto, poniendo como ejemplo la exposición de datos personales de algunos personajes públicos, incluyendo funcionarios de la municipalidad, como la información del alcalde Canales, que es pública por su condición de autoridad. Durante la emisión del reportaje, La Encerrona tomó medidas adicionales para evitar difundir información sensible de dichos personajes.
En dos oportunidades anteriores, La Encerrona denunció que la municipalidad de Miraflores expuso datos personales de los vecinos del distrito.
Producto de estos hechos, la municipalidad fue multada por la Autoridad Nacional de Protección de Datos Personales .
En el comunicado, firmado por la Gerencia de Comunicación e Imagen Institucional de la municipalidad, se acusa al equipo de La Encerrona de haber ingresado irregularmente a esta data, exponiendo los datos personales de los vecinos y cometiendo por ello delitos informáticos que suponen hasta cinco años de prisión. En el documento, la municipalidad pide a la Fiscalía abrir una investigación contra La Encerrona.
IPYS rechaza las acusaciones de la municipalidad de Miraflores contra el equipo periodístico de La Encerrona, considerándolas infundadas al quedar demostrado que el medio de comunicación realizó su trabajo con la debida diligencia para informar sobre un asunto de elevado interés público.
