La Red Voces del Sur (VDS) ha publicado su quinto Informe Sombra sobre la implementación del ODS 16.10.1 en América Latina, un documento que complementa y contrasta la información oficial presentada por los gobiernos de la región. El informe, elaborado por 17 organizaciones de la sociedad civil que monitorean el estado de la libertad de expresión y prensa en la región, ofrece una visión crítica y detallada del progreso de los países en cuanto a la justicia y la transparencia.
El informe destaca tanto avances como desafíos en cada país evaluado, ofreciendo recomendaciones específicas para mejorar el cumplimiento del ODS 16.10.1. Entre las principales conclusiones se encuentran el aumento de las amenazas y agresiones contra periodistas y defensores/as de derechos humanos, así como las limitaciones al acceso a información pública y a procesos judiciales transparentes.
En el caso específico de Perú, el informe señala una arremetida institucional por parte del gobierno peruano en contra de la prensa, lo que se tradujo rápidamente en violencia física directa por parte de sus simpatizantes. Se documentaron 59 alertas por agresiones y ataques, incluyendo el secuestro de los periodistas Eduardo Quispe Palacios y Elmer Valdivieso en julio de 2022, tras la publicación de un reportaje sobre un caso de malversación de fondos que involucra a la hija del presidente Pedro Castillo.
Además, el informe destaca otros países de la región que presentan desafíos significativos en cuanto a la libertad de expresión y prensa. En México, por ejemplo, se registraron 1,106 alertas por agresiones y ataques a periodistas y defensores/as de derechos humanos en el primer semestre de 2022. En Colombia, se documentaron 1,015 alertas por amenazas y ataques a periodistas y defensores/as de derechos humanos en el mismo período.
El Informe Sombra es una herramienta valiosa para entender el progreso hacia una sociedad más justa e igualitaria en América Latina. Los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil pueden utilizarlo para promover la transparencia y la rendición de cuentas en sus países, y para exigir a los gobiernos que cumplan con sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.