La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) busca proteger la vida e integridad del periodista Ricardo Calderón al concluir que la situación de Calderón es de grave riesgo, teniendo en cuenta la falta de adopción de medidas que velen por su seguridad y la ausencia de avances sustanciales por parte del Estado colombiano en las investigaciones de las agresiones de las que ha sido víctima. El 14 de enero de 2021, la CIDH destacó que este indicio de impunidad prolonga su situación de riesgo.
La Comisión solicita al Estado colombiano que adopte de manera urgente las medidas necesarias para proteger la vida e integridad personal del periodista. También lo requiere para que informe sobre los avances en la investigación de los hechos que originaron la solicitud de la medida cautelar. Se advierte que existe una situación de riesgo inminente relacionada con el ejercicio del trabajo periodístico que se ha prolongado por varios años, que puede desencadenar en otros actos violentos o conllevar a la autocensura.
En marzo de 2020, la Fundación para la Libertad de Prensa y el Comité de Protección a Periodistas (CPJ) solicitaron a la CIDH otorgar medidas cautelares para garantizar la protección a la integridad de Ricardo Calderón y de los periodistas víctimas de perfilamientos sistemáticos por parte del Ejército Nacional.
Respecto a la situación de Ricardo Calderón, se sometieron a consideración de la Comisión una serie de amenazas, hostigamientos, seguimientos e interceptaciones ilegales, que están relacionadas con el ejercicio del trabajo periodístico. Durante 2019 y 2020, Ricardo Calderón publicó en Revista Semana una serie de investigaciones sobre presuntos hechos de corrupción y violaciones a derechos humanos por parte del Ejército de Colombia. Una de esas investigaciones es “Las Carpetas Secretas”, en la cual se revelaba el perfilamiento y vigilancia masiva de periodistas por parte de organismos de inteligencia militar.
En su decisión, la Comisión valoró el contexto en el cual se origina el riesgo al que está expuesto el periodista, haciendo énfasis en que los espionajes ilegales y perfilamientos por parte del Ejército Nacional a periodistas, operadores de justicia, personas defensoras de derechos humanos y líderes políticos en Colombia constituyen una práctica intrusiva e ilegal que cuenta con varios antecedentes graves en el país. En este sentido, llamó la atención sobre el preocupante incremento de amenazas hacia periodistas, defensores de derechos humanos y líderes sociales que investigan y denuncian temas de alta sensibilidad.
Por otra parte, enfatizó en la falta de sanción de los responsables, señalando que el avance en las investigaciones es elemental para establecer el riesgo al que se enfrenta el periodista y prevenir la posible afectación de los derechos a la vida e integridad personal.
Respecto a las medidas de protección hasta ahora implementadas, la Comisión señaló que el Estado no aportó información sobre la efectividad de las mismas y advirtió que en este caso existe una situación de vulnerabilidad especial, ya que la mayor agresión provino de agentes del Estado. Por este motivo, las medidas deben ser concertadas con el beneficiario.