La Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (RELE-CIDH) ha manifestado su preocupación ante las intimidaciones a periodistas de parte de la Fiscalía y el Congreso Perú que amenazan el derecho de confidencialidad de las fuentes en el contexto de investigación periodística que pondría al descubierto hechos de corrupción en el Poder Judicial y el Consejo Nacional de la Magistratura (CNM).
Gustavo Gorriti, director de IDL-Reporteros, y Rossana Cueva, directora del programa “Panorama”, fueron citados para el 12 de julio a una sesión extraordinaria en el congreso, que tenía como fin abordar la “denuncia en relación a intercepciones telefónicas” y que pretendía que los periodistas informen cómo obtuvieron los audios difundidos y/o documentación y, además, que la entreguen.
Frente a lo acontecido, la Relatoría Especial recuerda que existe un efecto restrictivo de la libertad de expresión sobre cualquier medida que pretenda incautar material periodístico, revelar fuentes o citar a periodistas en calidad de testigos. Todo ello, según expresan, “conforme al Principio 8 de la Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la CIDH”.
El Relator para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, recordó que en la labor periodística la confidencialidad de la fuente es esencial, pues son quienes proveen información y satisfacen ese derecho del público a recibirla.
CIDH agrega que el papel de los periodistas es importante por ejercer el control ciudadano en investigación y denuncia contra la corrupción, y recomienda “promover un ambiente con garantías para la libertad de denunciar actos de corrupción, ejercer el desarrollo del periodismo investigativo y el derecho a buscar, recibir y difundir información relativa a la corrupción”.
Por todo lo expuesto, la CIDH afirma que se debe garantizar la seguridad de los periodistas, activistas y defensores de los derechos humanos que investigan y denuncian estos actos. Se debe “asegurar la protección de la confidencialidad de las fuentes periodísticas y estableces sistemas de protección de denunciantes de corrupción”.