En el Congreso Nacional de Brasil, se está procesando un proyecto de ley titulado Ley de Libertad, Responsabilidad y Transparencia de Brasil en Internet, cuyo apodo común es la "Ley de Noticias Falsas" y tiene como objetivo combatir la desinformación en el entorno digital. La Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación (Abraji) se opone a otorgar poderes a cualquier institución o persona para determinar qué es verdad y qué no, especialmente cuando el objetivo final es imponer sanciones.
Como lo expresó el entonces presidente de la asociación, Daniel Bramatti, en el seminario Fake News and Elections, organizado por el Tribunal Superior Electoral en 2019, “existe un riesgo muy grande para la libertad de prensa, y hay un riesgo muy grande para el periodismo cuando toman iniciativas para combatir noticias falsas basadas en la legislación y la justicia”. La posición de Abraji es que ya existe una legislación aplicable a la mayoría de los escenarios de producción y difusión de información errónea motivada por la mala fe o la estrategia de propaganda política y, por lo tanto, la creación de un instrumento adicional plantea más riesgos para la libertad de prensa y expresión que posibles beneficios para la sociedad.
La primera propuesta bajo este título, PL 1429/2020, fue el resultado de la autoría conjunta de los diputados Felipe Rigoni (PSB-ES) y Tabata Amaral (PDT-SP) en la Cámara, donde se presentó el 1 de abril de 2020, luego se reemplazó por la ley no 2927/2020, escrita por los mismos diputados, el 26 de mayo de 2020. En el Senado, el parlamentario Alessandro Vieira (Cidadania-SE) presentó el PL 2630/2020. Sin embargo, el senador Ângelo Coronel, relator del proyecto de ley, presentó un sustituto el día de la votación con profundos cambios en el texto original, ninguno de los cuales fue discutido con la sociedad civil.
La votación del proyecto de ley 2630/20 está programada, de manera oportuna, para este martes 2 de junio de 2020, en un contexto de funcionamiento anómalo del Congreso, que se reúne en este momento solo en un entorno virtual; en el cual el debate está más restringido a logros y alcance; durante una coyuntura de crisis de salud global, que exige esfuerzos y atención por parte del Legislativo y dificulta el proceso de toma de decisiones de cuestiones relacionadas con otras cuestiones. Por otro lado, la prensa está abrumada por la necesidad de concentrar los esfuerzos en cubrir la pandemia y la crisis política en el gobierno federal, mientras que los ciudadanos viven en condiciones adversas de salud, económicas y domésticas para el monitoreo adecuado de las noticias y la participación en los procesos de deliberación pública.
Lo que se discute en los proyectos en cuestión es la regulación de temas que implican directamente la restricción de un derecho fundamental, incorporado en la Constitución Federal, como los derechos a la libertad de expresión y de prensa. Dicha regulación requiere atención, transparencia y un amplio debate público para incorporar al sistema legal una legislación que tenga legitimidad, que refleje el contexto social de la difusión de información errónea y el uso de Internet y que ofrezca respuestas adecuadas para enfrentar el problema.
La aprobación de dicha legislación requiere mecanismos de consulta pública y discusión silenciosa con los diversos sectores afectados en la sociedad civil, como la academia, la prensa, los medios de comunicación, las telecomunicaciones, la tecnología de la información y otros. Lo que se observa, por otro lado, es que el proyecto de ley que se votará no tiene este registro legitimador y se está procesando bajo un proceso opaco, dado que, en una conferencia de prensa en la víspera del día programado para la votación, los autores del El proyecto afirmaron haber realizado varias modificaciones, exclusiones y adiciones de contenido, que no fueron publicitadas a la sociedad civil y al público en general.
Incluso las organizaciones que tenían acceso a la nueva propuesta a partir del 1 de junio del 2020 tenían poco tiempo para un análisis detallado de sus implicaciones. Finalmente, el día de la votación, el ponente presentó un texto completamente diferente de la propuesta que se estaba discutiendo, excepto por la irresponsabilidad con la que se ocupa de los derechos humanos fundamentales.
Por lo tanto, Abraji pide a los senadores y diputados federales que suspendan la votación sobre este y cualquier proyecto de ley cuyo propósito sea la desinformación hasta la normalización de las actividades del Congreso, cuando el requisito de una amplia discusión con la sociedad pueda cumplirse plenamente.
Fuente: Abraji