En 2019, entre Bolivia, Brasil, Honduras, Colombia, Guatemala, Haití y México se han reportado al menos 27 periodistas y trabajadores de la prensa asesinados presuntamente por su vínculo con el ejercicio periodístico, esto según el Informe Anual 2019 de la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión (RELE) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en el
Otro de los aspectos importantes señalados en el informe hace observación de la existencia de una narrativa que estigmatiza al periodismo y que lo pone en vulnerabilidad ante el hostigamiento físico y acoso en línea. Este discurso presente en la región proviene de las altas autoridades públicas de forma intencional y es seguida por ataques en redes sociales.
La vigilancia de comunicaciones digitales, el espionaje de medios de comunicación, la cifras de impunidad, la censura y el uso de tipos penales que permiten la criminalización del derecho a la libertad de expresión, siguen siendo motivos de preocupación para la RELE CIDH, pese a que muchos países han avanzado en reformas legales y en establecer mecanismos de prevención de la violencia y protección a periodistas.
Perú, por ejemplo, es uno de los países en los que se ha reportado, a los largo del 2019, un constante hostigamiento judicial en contra del periodismo de investigación a través de figuras legales como la calumnia, la injuria y la difamación, contempladas en el derecho penal. Éstas figuras fueron utilizadas para presionar periodistas y comunicadores, lo cual ha podido crear un efecto inhibidor.
Algunos de los casos destacados fueron el de los periodistas Paola Ugaz, cuyo caso continúa en proceso al 2020, y Pedro Salinas, así como también el caso de la plataforma de investigación Ojo Público. A estos casos se suma la remoción del director del Instituto Nacional de Radio y Televisión (IRTP), el que despertó preocupación de periodistas y organizaciones, pues fue visto como un posible intento de mayor influencia gubernamental de los medios públicos.
El incremento de protestas sociales y manifestaciones ciudadanas en la región son también un aspecto que desata alarma en el informe, pues en el marco de ellas se han reportado muertes, heridos y detenciones producto de la represión y el uso excesivo de la fuerza por parte de cuerpos policiales y militares, sin privilegiar el diálogo como respuesta ante demandas de los ciudadanos.
Venezuela, país que se encuentra en constante observación por la crisis política y social que se vive, presentó en 2019 graves violaciones al derecho a la libertad de expresión ejercida por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado. La Relatoría Especial hace cuenta de numerosas detenciones arbitrarias de periodistas mientras cubrían manifestaciones o realizaban su trabajo, además de obligaros a eliminar el material periodístico que recolectaban durante su labor.
Revisa el informe completo en el siguiente enlace: https://bit.ly/2XtW1Bf