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EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PUEDE Y DEBE EJERCERSE EN PERÍODO DE EMERGENCIA

EL ACCESO A LA INFORMACIÓN PUEDE Y  DEBE EJERCERSE EN PERÍODO DE EMERGENCIA

El IPYS respalda la posición asumida la Autoridad Nacional de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado (ANTAIP) en el sentido que el  acceso a la información pública es un derecho fundamental que se mantiene vigente durante el Estado de Emergencia, y en el que  cobra especial relevancia “la difusión de información completa, permanente y veraz sobre las decisiones del poder público en este periodo singular.” Este pronunciamiento fue expresado por el Director de la ANTAIP, Eduardo Luna, ante una consulta de diversas instituciones públicas. 

Sin embargo, como ha demostrado el portal Convoca.pe, en la práctica  han cesado de atenderse las solicitudes de información, a partir de una disposición complementaria del Decreto de Urgencia 02620 que establece medidas excepcionales ante el COVID 19

Esta medida suspende la tramitación de procedimientos administrativos durante la emergencia, lo que ha bloqueado la satisfacción de solicitudes. Convoca.pe ha difundido una respuesta oficial de la Presidencia del Consejo de Ministros, que confirma esta situación. 

Conforme señala la ANTAIP, las entidades públicas deben brindar atención a los pedidos formulados por correo electrónico, cuando tengan acceso a la información solicitada. Lo cual debe hacerse en simultáneo con la actualizada información sobre la crisis en los portales del Estado.  

Aunque el Estado de Emergencia implica restricciones insalvables, necesarias para la sociedad, el gobierno debe hacer el máximo esfuerzo por garantizar la vigencia de los máximos niveles de transparencia y rendición de cuentas. Sobre todo cuando la falta de información confiable y suficiente sobre la crisis viene siendo evidenciada por diversos medios de comunicación. Esto exige no solo la atención de solicitudes, sino la actualización eficaz de los portales del Estado y la  actitud transparente de las autoridades.

Haremos llegar estas preocupaciones a la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA, que el 18 de abril alertó sobre restricciones indebidas al flujo de libre información y a la transparencia debida, por parte de algunos Estados de la región.

 

19 de abril del 2020

El Consejo Directivo