El 20 de febrero del 2017, Los periodistas Antonio Bazán Chero, del diario La Industria, Juan Mendoza, corresponsal de Perú 21, y Fátima Constantino y Juan Vejarano, del diario La República reportaron al IPYS haber sido denunciados por la Jueza Cecilia Margarita Grandez Rojas por, presuntamente, haber afectado los derechos de su hijo. El hecho ocurrió en la región Lambayeque, al norte del Perú.
La jueza dijo que los periodistas publicaron detalles del proceso de violencia familiar que se sigue en su contra y en agravio de su menor hijo. Según acusó dichas publicaciones afectan los derechos del menor, su imagen, su salud mental, su tranquilidad, ya que se transcribieron parte de las declaraciones del menor (en relación a los insultos que recibiría de parte de ella), número del expediente, certificado médico legal, fecha de audiencia del proceso, entre otros.
Los periodistas señalaron al IPYS que la Fiscalía advirtió suficientes indicios para iniciarles investigación y han sido citados a declarar sobre el caso.
Antonio Bazán, editor del diario La Industria, señaló que si bien él no es el autor de la nota se hace responsable de la misma y por tanto acudió a la audiencia. En su defensa dijo que la jueza es una funcionaria pública y el caso es de interés de todos.
Fátima Constantino, de La República indicó que en su nota no ha vulnerado los derechos del menor. Refirió que la denuncia contra la jueza por parte de su hijo existe y no ha sido desvirtuada por la magistrada. Además, existe un informe legal que acredita lesiones en el menor, desde el rostro hasta las piernas, señaló Constantino.
Los periodistas acudirán al llamado de la justicia para defender su derecho a informar. El IPYS solicita a la Fiscalía que respete los derechos de libertad de expresión e información que rigen en la Constitución peruana.