El 12 de junio de 2022, el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Felix Chero, anunció en una entrevista a Canal N que el gobierno prepara un proyecto de ley para sancionar con hasta tres años de prisión suspendida a fiscales y jueces que filtren información sobre investigaciones a terceros y/o procesos judiciales.
El anuncio se hizo luego de que la prensa divulgara información sobre las declaraciones ante la Fiscalía del prontuariado Zamir Villaverde, vinculado al gobierno en licitaciones públicas, quien ha dicho que se habrían pagado sobornos al ex ministro de transportes y comunicaciones Juan Silva y al propio presidente Pedro Castillo.
El ministro descartó que el proyecto vaya a afectar la libertad de prensa. “Hemos identificado dos situaciones que tienen que ser reguladas por norma, una es el tema del código procesal penal que dice que la investigación es reservada. Es decir, solo pueden tener acceso las partes del proceso, no estamos hablando de los medios, ellos tienen sus propias fuentes, hay libertad de expresión y hay respeto absoluto”, dijo en el programa de televisión y añadió: “... el sistema de justicia tiene que procurar que sus funcionarios reserven la información para que no se desnaturalice, los periodistas tienen sus propios medios, pero cuando se hace para obstruir la investigación, se tiene que establecer un mecanismo punitivo cuando esta información llega a manos de terceros”.
IPYS observa con preocupación estas iniciativas por considerar que obstruyen el aporte a la justicia desde la investigación periodística y se mantiene vigilante ante cualquier norma que perjudique la libertad de prensa y el derecho de la ciudadanía a estar informada.