El 7 de abril de 2022, el diario Correo edición Lambayeque recibió seis cartas notariales firmadas por Marcos Gasco Arrobas, alcalde de la provincia de Chiclayo; y presidente de la Asociación de Municipalidades del Perú (AMPE) exigiendo al medio que rectifique informaciones que lo comprometerían en actos de corrupción y otros delitos. El hecho ocurrió en la región Lambayeque, al norte del país.
Walter Serquén, editor de Correo Lambayeque, consideró estos hechos como intimidatorios en represalia por las publicaciones que ha sacado el periódico sobre presuntas irregularidades en la gestión de Gasco Arrobas.
Las cartas notariales fueron enviadas luego que la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lambayeque dispusiera el inicio de una investigación “contra los que resulten responsables por el presunto delito contra la administración pública en agravio de la Municipalidad Provincial de Chiclayo”.
La investigación fiscal se originó a raíz de una publicación de Correo del pasado 15 de marzo, donde se informa sobre una denuncia de presuntas irregularidades en la adquisición de 14 compactadoras para el servicio de limpieza pública por un valor superior a los 8 millones de soles.
La Policía Anticorrupción solicitó información al alcalde Marcos Gasco mencionando que la investigación del caso se inició por la publicación del Correo Lambayeque.
IPYS considera el actuar del alcalde como un abuso del derecho a la rectificación ya que cuestiona la información sin precisar cuáles son los hechos falsos que habrían aparecido en las notas periodísticas. En las cartas el alcalde hace cuestionamientos subjetivos sobre el estilo y la manera cómo está presentada la información. Sin embargo, no precisa ni explica en qué falsedad habría incurrido el medio de comunicación para afectar su honor o su gestión como autoridad. IPYS recuerda a la autoridad que las críticas subjetivas a la prensa no forman parte del derecho a la rectificación.
Finalmente, IPYS califica la actitud del alcalde como poco tolerante a las críticas de Correo sobre su gestión, que bien podría ser afrontada a través de comunicados públicos o pedido de réplica, pero no a través del uso abusivo de derecho a rectificación, más aún cuando las cartas refieren a eventuales acciones penales contra el diario.