El Cuarto Despacho Provincial Penal de la Segunda Fiscalía Corporativa Penal de La Victoria - San Luis abrió una investigación contra el periodista Ernesto Cabral, del portal Ojo Público, por presuntamente haber incurrido en la revelación indebida, un delito que conlleva penas de hasta 6 años de prisión efectiva. El periodista fue notificado en octubre pasado.
En 2019, los medios Ojo Público y The Intercept Brasil publicaron una investigación en el marco del caso Lava Jato con audios que develaban coordinaciones irregulares entre el procesado por lavado de dinero y asociación ilícita, Martín Belaunde Lossio, y dos fiscales del sistema anticorrupción peruano.
La denuncia fue presentada en 2019 por el abogado de Belaunde Lossio, Luis de la Cruz Moreno, acusando al periodista de revelar que su defendido se había acogido a la colaboración eficaz en el caso de los presuntos sobornos de Odebrecht al ex presidente Ollanta Humana y al ex gobernador de la región Áncash, César Álvarez. El denunciante considera que la investigación periodística es una “amenaza materializada…” para su patrocinado.
El proceso está en curso desde junio pasado. Los fiscales a cargo han ordenando a la Dirección de Investigación Criminal de la Policía (Dirincri) que se encargue de las investigaciones, además de estar tramitando ante el Poder Judicial el levantamiento de las comunicaciones del periodista.
Los audios publicados por Ojo Público y The Intercept demostraron cómo fiscales anticorrupción y el aspirante a colaborador eficaz Martín Belaunde arreglaban el testimonio de éste último para que concuerde con la versión oficial de la Fiscalía.
Carlos Rivera, abogado de Ojo Público, señaló al medio de comunicación que “las identidades de los colaboradores eficaces han sido común en los medios de comunicación [...] sobre todo en casos de un elevado interés público [...]” Sobre el requerimiento del levantamiento del secreto de las comunicaciones Rivera señal que “vulnera el derecho constitucional de los periodistas a la reserva de sus fuentes de información”.
IPYS considera que el proceso penal contra el periodista Cabral califica como un atentado contra la libertad de prensa y espera que la investigación sea archivada.