Las organizaciones que conforman IFEX manifestaron su preocupación y rechazo ante las medidas adoptadas por el gobierno de Honduras que hace frente a la situación de crisis provocada por el Coronavirus Covid-19.
En su pronunciamiento, publicado originalmente el 20 de marzo de 2020, se menciona el Decreto Ejecutivo No. PCM-021-2020, promulgado por el Presidente de la República de Honduras, el cual suspende garantías constitucionales por la situación de pandemia.
Entre dichas garantías figura la suspensión de la libertad de expresión consagrada en el artículo 72 de la Constitución. Las organizaciones precisan que si bien el contexto actual amerita la adopción de medidas excepcionales, estas deben cumplir con criterios de necesidad y proporcionalidad.
La limitación de la libertad de expresión en momentos de crisis resulta desproporcionada y contraria al objetivo de combatir la pandemia, pues provoca daño innecesario en los derechos humanos y en la salud pública, señalan en el comunicado.
También se menciona en el comunicado, lo señalado por expertos en derechos humanos de la ONU: “las restricciones definidas para responder al virus deben estar motivadas por objetivos legítimos de salud pública y no deberían ser utilizadas solamente para anular el disenso”.
Otro de los puntos tratados es la publicación de los nombres de las personas infectadas y otros datos personales. Se trataría de un documento que fue filtrado a la opinión pública. Estos datos de salud de los afectado por el Covid-19 tienen carácter de datos sensibles y confidenciales según el artículo 16 de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública y artículo 76 de la Constitución Política de Honduras, y pueden implicar discriminaciones arbitrarias y daños a la esfera íntima de los pacientes y sus allegados.
La organización solicitó la derogación de la restricción a la libertad de expresión, la implementación de protocolos de manejo de la información que garanticen los derechos constitucionales de las personas infectadas, no compartir los datos personales de los afectados por el COVID-19 a menos que los mismos sean anonimizados y sirvan a un interés público, y ,finalmente, mantener el respeto y garantía a los derechos humanos de acuerdo a los tratados internacionales de los cuales la República de Honduras es signataria.