El 22 de marzo, la periodista de investigación paraguaya Mabel Rehnfeldt fue interrogada durante cuatro horas en la Fiscalía de su país como testigo del proceso judicial sobre unos audios filtrados que publicó en su programa de radio en ABC Cardinal entre noviembre y diciembre del 2017.
Gran cantidad de las preguntas por parte de los fiscales y abogados versaron en sobre sus técnicas para realizar periodismo y la procedencia de sus fuentes. En tanto, la periodista tuvo que defenderse amparándose en el artículo 29 de la Constitución Nacional, que protege el libre ejercicio del periodismo.
Los audios publicados por Rehnfeldt en su programa "A la gran 730" revelaron presuntos actos de corrupción y tráfico de influencias que se habrían cometido desde instituciones gubernamentales y por representantes del gobierno. Su publicación generó el desafuero por parte del Congreso de los senadores Óscar Gonzáles Daher y Jorge Oviedo Matto, involucrados en el caso. Ambos senadores son acusados por el Ministerio Público de cohecho pasivo agravado y tráfico de influencias.
El Sindicato de Periodistas de Paraguay emitió un comunicado en el que exigió se respete la libertad de expresión en el país y manifestó su apoyo a Rehnfeldt.
Por su parte, el Foro de Periodistas Paraguayos (Fopep) rechazó la medida y consideró el trabajo del Ministerio Público como un amedrentamiento jurídico contra la periodista de ABC.
De parte del propio gobierno, la La Ministra de la Corte Suprema de Justicia, Alicia Pucheta, y la Fiscala General del Estado, Sandra Quiñones, han realizado una auditoría sobre el desempeño de los fiscales que condujeron el interrogatorio a Rehnfeldt.
El Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Edison Lanza, dijo a ABC sobre el caso que el interrogatorio a Rehnfeldt podría sentar un precedente negativo para el ejercicio del periodismo y sus fuentes. Que la Fiscalía le haya preguntado a Rehnfeldt sobre sus fuentes es una vulneración del derecho a la defensa de la fuente periodística. Lanza también adelantó que la CIDH ya está siguiendo el caso y que podría intervenir si a nivel nacional no se dan las garantías necesarias para defender la labor periodística.