La Corte Suprema de Colombia ha ordenado a la Revista Dinero revelar las comunicaciones que tuvo con sus fuentes para un artículo del 12 de julio del 2013 sobre el magnate de los negocios brasileño Eike Batista.
El artículo mencionaba “aparentes irregularidades” de Leyla Rojas, exviceministra de Aguas, que en ese momento era responsable de la sostenibilidad del proyecto carbonífero CCX Colombia, que era propiedad de Batista, según CNN Español.
Rojas demandó a Publicaciones Semana, compañía que posee Revista Dinero, y solicitó evidencia que incluye correos electrónicos, comunicaciones y otros documentos utilizados para el artículo. El tribunal de primera instancia negó el caso, pero el Tribunal Superior de Bogotá lo admitió más tarde. Luego, en un fallo del 7 de diciembre de 2017, la Corte Suprema negó la tutela (mecanismo en la ley de Colombia para restaurar derechos fundamentales) solicitada por Publicaciones Semana S.A. La compañía de medios dijo que divulgar sus fuentes, que apoyan la investigación periodística, significaría el final de cualquier medio de comunicación, pero que podría mostrar los documentos sin los nombres de los destinatarios, remitentes o datos que revelarían el origen de la información.
No obstante, en el fallo, el Tribunal dijo que la exhibición de tales documentos se torna indispensable en criterio de aquella demandante, a fin de conocer la autenticidad de las afirmaciones realizadas en el artículo de Revista Dinero.
Periodistas rechazan fallo
Varios defensores de la prensa rechazaron el fallo de la Corte.
El Procurador General de Colombia intervendrá el caso ante la Corte Suprema para proteger las fuentes de los periodistas. Indicó que el fallo de la Corte Suprema “pondría en riesgo el secreto profesional y la reserva de la fuente”.
La FLIP rechazó la medida señalando que las decisiones de los magistrados de la Corte Suprema, “son violatorias de la reserva de la fuente, figura esencial para el ejercicio libre del periodismo, reconocida en el derecho internacional y garantizada por la Constitución que dispone que ‘el secreto profesional es inviolable”. “No se trata de un hecho aislado” y que desde 2017 ha documentado una tendencia de las autoridades que ordenan cada vez más a los periodistas que proporcionen documentos protegidos.
La Asociación Colombiana de Medios de Información (AMI) dijo que “se crea un antecedente nefasto contra elementos esenciales para el ejercicio del periodismo profesional en el país”.
El caso continua
La Delegada Auxiliar para Asuntos Constitucionales de la Procuraduría General intervendrá en la segunda instancia del caso ante una sala diferente de la Corte Suprema, según lo informado por El Espectador. Si el medio pierde en esta última instancia, podría presentar el caso ante la Corte Constitucional del país, la cual, si decide revisar el caso, tendrá la última palabra.
Fuente: CNN, Centro Knight, El Espectador