El 14 de abril de 2025, en una ceremonia en Palacio de Gobierno la presidenta Dina Boluarte promulgó la ley que modifica las funciones de la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y que permite el control político desde el Estado a las organizaciones no gubernamentales (ONG).
Con el pretexto de fiscalizar mejor los fondos que las organizaciones civiles reciben de fundaciones privadas extranjeras, el 12 de marzo pasado el pleno del Congreso aprobó dicha ley. Entonces, el IPYS emitió un pronunciamiento rechazando su aprobación. Es inconstitucional porque afecta las libertades de asociación, de pensamiento y de participación política de las organizaciones no gubernamentales.
El IPYS reitera que el intrusismo que la norma plantea en la gestión de las ONG es incompatible con la naturaleza privada que tienen en el actual marco constitucional y que más bien se emparenta con legislaciones de regímenes autoritarios de América Latina, que combaten la libertad de asociación, entre otros derechos civiles y políticos para mantener su control sobre la sociedad.
Como señaló en su momento, el IPYS considera igualmente inconstitucional que a una ONG le sea prohibido litigar contra el Estado. La ley señala como falta muy grave “asesorar, asistir o financiar, de cualquier forma, o modalidad, acciones administrativas, judiciales o de otra naturaleza, en instancias nacionales o internacionales, contra el Estado Peruano”.
El IPYS, una ONG que defiende la libertad de expresión y el acceso a la información pública, está registrada en la Agencia Peruana de Cooperación Internacional (APCI) y realiza actividades en Perú y América Latina desde 1993. Las actividades del IPYS se verán directamente afectadas porque la ley exige un permiso de la APCI para empezar a ejecutar programas o contratar con el Estado. El poder de veto al funcionamiento de una asociación civil viola la Constitución. Ello trasgrede los convenios internacionales suscritos por el Perú.
La ley habilita cancelar el registro de las ONG por “uso indebido de recursos”, pero su propósito fundamental no es el empleo de los fondos sino un control político e ideológico de las asociaciones civiles.
El IPYS considera que este propósito es inaceptable en un régimen democrático, y que atenta contra la libertad de expresión.
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