El 23 de febrero de 2022, Ximena Pinto, secretaria de Comunicación Social de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) denunció al premier Aníbal Torres de intentar direccionar la publicidad estatal con fines políticos. Esa misma noche el Primer Ministro la despidió de su cargo.
La periodista declaró a varios medios que Torres rechazó el plan de publicidad estatal en medios de comunicación presentado por ella para la campaña escolar de este año, basado en la capacidad de llegar a audiencias de cada medio. En él se contemplaban spots de radio y televisión en Lima.
Torres se opuso y le pidió priorizar la campaña en provincias, donde el problema de desinformación sobre la campaña escolar era menor. También le dijo que sacara completamente al grupo El Comercio de la distribución de la publicidad. A este grupo pertenecen dos canales de televisión y varios diarios.
“El premier quería que sean en regiones, incluso en algún momento me dijo que no importaba Lima, solo regiones. Llegó al punto de decirme que yo tenía que sacar al Grupo El Comercio completamente de esa distribución de publicidad”, declaró Pinto.
La periodista dijo que le explicó al Premier que no se trataba de un tema político sino de contratar a los medios con mayor capacidad de audiencia para que la ciudadanía se informara sobre el inicio de las clases escolares presenciales. Torres se molestó y la acusó de trabajar en la sombra para el grupo de medios de El Comercio.
Entonces, la periodista recurrió a los asesores de prensa del presidente Pedro Castillo para explicarles el plan de distribución de la publicidad. Según dijo, ellos lo entendieron. Sin embargo, anoche, luego de la conferencia del Consejo de Ministros, Aníbal Torres la llamó a su oficina, se quejó de que hubiera ido a hablar con los asesores del presidente y le reiteró que se le quite toda la publicidad al grupo El Comercio. “Bueno señora, no insista, cero al Grupo El Comercio, cero al canal 4, no se le da y punto’”, le exigió el Premier.
Pinto se negó a firmar el pedido, luego de lo cual Torres la despidió.
IPYS considera que la publicidad estatal debe ser asignada con la mayor transparencia y en función de las necesidades informativas de la población que deben ser satisfechas por el Estado, para lo cual es indispensable recurrir a los medios con llegada a las audiencias específicas. La grave la denuncia de Pinto demostraría un propósito de malversar fondos públicos para asignarlos a medios afines al gobierno, al mismo tiempo que se desinforma a la ciudadanía en temas altamente sensibles