Sin expresar ninguna justificación y con la opinión en contra del Ministerio de Justicia y de la Defensoría del Pueblo, el 4 de mayo de 2023 el Congreso de la República aprobó en primera votación el incremento del marco de pena del delito de difamación cometido a través de medios de comunicación, que ahora será entre 2 a 4 años.
El dictamen, que modifica los códigos Penal y Civil para "sancionar la utilización indebida de los medios de comunicación, redes sociales o sitios web de divulgación colectiva", tendrá una segunda votación en siete días.
El proyecto, presentado en agosto de 2022, también elevar de 120 a 365 días-multa al que cometa el delito de calumnia y establece reparaciones económicas obligatorias para quienes sean afectados en su honor.
“Esta decisión va en contra de los criterios establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sobre la incompatibilidad con la libertad de expresión, sancionar como delito los discursos que recaen sobre funcionarios públicos”, señala Roberto Pereira, asesor jurídico del IPYS. “Se trata claramente de un amedrentamiento a la prensa que ha denunciado una serie de irregularidades cometidas por políticos representados en el Congreso y por los propios congresistas. La más reciente, el recorte obligatorio del sueldo de trabajadores del Congreso por parte de congresistas”, sentenció Pereira.
IPYS rechaza el resultado de la votación en el Congreso por tratarse de un proyecto ley peligroso que afecta directamente la libertad de prensa. Considera además que su aprobación forma parte de una tendencia orientada a perjudicar la labor fiscalizadora de la prensa por parte de políticos que se incomodan con ella.