Por primera vez en la historia de la justicia global, un tribunal ha roto el muro de la impunidad militar y judicial. En un fallo sin precedentes, la justicia chilena condenó a cinco años de cárcel y a la inhabilitación política perpetua a Juan Poblete (expresidente de la Corte de Apelaciones de Copiapó) y al general en retiro Schafik Nazal (exdirector de la Dirección de Inteligencia del Ejército). Ambos criminales idearon y ejecutaron una red de espionaje ilegal contra el periodista Mauricio Weibel Barahona mientras este destapaba una red masiva de corrupción militar vinculada al tráfico y compra de armas de guerra.
La resolución llegó tras un juicio abreviado en el Séptimo Tribunal de Garantía de Santiago, donde los acusados no tuvieron más opción que aceptar su culpabilidad frente a las pruebas de la fiscalía, tras haber pasado ya dos años en prisión preventiva.
La farsa judicial: El "modus operandi" del poder
El caso, que tomó seis largos años de litigio judicial, desnudó las tácticas más oscuras del aparato de inteligencia estatal chileno:
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La orden fraudulenta: En 2017, para pinchar el teléfono de Weibel sin levantar sospechas, el juez Poblete y el general Nazal clonaron su línea telefónica bajo un expediente falso. Registraron el número del periodista a nombre de una ciudadana boliviana en situación irregular, acusándola falsamente de ser una "agente extranjera".
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Encubrimiento al más alto nivel: La farsa se cayó en 2019 gracias a un informante anónimo dentro de la propia inteligencia militar. Lo indignante vino después: mientras la justicia investigaba, tres ministros de Defensa de Chile (Alberto Espina, Baldo Prokurica y Mario Desbordes) desfilaron ante el Congreso defendiendo activamente el espionaje y justificando la agresión a la prensa.
Para la defensa legal de Weibel, liderada por Karinna Fernández y Cristián Cruz, este fallo no es solo una victoria doméstica, sino un freno de mano a la preocupante tendencia regional denunciada por la Universidad de Columbia sobre el uso de tecnologías de vigilancia para amedrentar a reporteros de investigación. "Cuando se interviene el teléfono de un periodista, se interviene la democracia misma", sentenció Fernández.
Un antes y un después para la región
El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) celebra con firmeza este fallo histórico, el cual sienta un precedente fundamental y un faro de jurisprudencia para la defensa de la libertad de prensa en América Latina.
En una región donde el periodismo de investigación que fiscaliza al poder suele pagarse con acoso judicial, persecución o la vida misma, esta sentencia rompe la narrativa de la impunidad. Que un tribunal sentencie a prisión a un alto mando del Ejército y a un magistrado de una Corte de Apelaciones demuestra que nadie —sin importar el uniforme ni la toga— puede estar por encima de la libertad de expresión.
Desde IPYS aplaudimos la valentía de Mauricio Weibel y de los equipos jurídicos que sostuvieron esta batalla contra el aparato del Estado, y reafirmamos que este veredicto es una advertencia clara para las democracias latinoamericanas: el espionaje a la prensa es un crimen de Estado y, como tal, se castiga con la cárcel.
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