El presidente del Congreso, Alejandro Soto, interpuso una querella por difamación agravada contra la periodista Yéssica Bazalar, del medio de comunicación “Cusco en Portada”, por haber emitido una opinión sobre la percepción que tienen los cusqueños del político en cuestión. Soto representa a Cusco en el Congreso. La querella fue interpuesta el 8 de mayo pasado.
Bazalar dijo en su programa que “uno de los políticos que más avergüenza al Cusco es, sin dudas, Alejandro Soto”. Por ese comentario el presidente del Congreso pide sanción penal y 100 mil soles de reparación civil. En la querella, firmada por el abogado de Soto, Walter Pimentel Peralta, el parlamentario advierte que esa afirmación le ha causado “daño moral, daño emergente, daño a la persona, lucro cesante” y que ha lesionado su “aspecto psicológico y proyecto de vida”. También señala en la querella que dicha opinión ha “truncado su destino”, y que le ha hecho “perder el sentido mismo de su existencia”.
Esta es la tercera querella por difamación que Soto demanda contra la periodista. Anteriormente fue por sus informes sobre presunto actos d tráfico de influencias cometidos por el parlamentario. Carlos Carrillo, también periodista de “Cusco en Portada”, fue incluido en la querella. En febrero de 2024, Carrillo retuiteó el informe de Latina Noticias sobre la compra irregular de terrenos para hacer mausoleos para la familia de Soto. Por ese retuit Soto demandó al periodista, alegando difamación.
Roberto Pereira, abogado y asesor jurídico de IPYS,señaló sobre el caso: “Lamentablemente esta querella confirma un patrón de comportamiento antidemocrático del señor Soto, que consiste en recurrir a la amenaza penal para responder y evitar cuestionamientos a su actividad pública”. Pereira explica que la actitud de Soto contradice “un criterio ampliamente consolidado en la doctrina y la jurisprudencia, en el sentido que las opiniones que recaen sobre funcionarios públicos son discursos especialmente protegidos por la libertad de expresión que admiten amplios márgenes de desvaloración, crítica o cuestionamiento a este tipo de personajes. Las opiniones, al consistir en la manifestación de ideas o valoraciones legítimas, no están sometidas a ningún criterio o test de veracidad. Petender lo contrario es absurdo y revela o ignorancia o prepotencia”.
IPYS recuerda a Soto y demás funcionarios públicos que éstos tienen impuestos un especial deber de tolerancia frente a las opiniones críticas a su actividad pública, precisamente por haberse sometido de manera voluntaria al máximo escrutinio público. “Esta es una elemental regla de funcionamiento de todo sistema democrático, que claramente el congresista Soto desprecia”, sentencia el abogado.
Follow the author on or visit Personal Blog