El 19 de marzo de 2024, el congresista Luis Gustavo Cordero Jon Tay, del partido Acción Popular, presentó un proyecto de ley para sancionar a fiscales que estén a cargo de procesos de colaboración eficaz en los que se haya filtrado información a los medios de comunicación.
El proyecto del congresista, que viene siendo investigado por delitos de violencia de género, propone modificar cuatro artículos del Nuevo Código Procesal Penal para, de producirse una filtración, los fiscales a cargo de esas investigaciones sean responsables de ésta y, por tanto, sometidos a procesos disciplinarios, además de responsabilidades administrativas y penales.
Cordero Jon Tay argumentó que las filtraciones pueden resultar en juicios mediáticos que prejuzgan y estigmatizan al investigado, afectando el proceso judicial en curso. El proyecto de ley ha sido respaldado por otros congresistas que también están siendo investigados por la justicia por diversos delitos.
El asesor jurídico de IPYS, Roberto Pereira, señaló que se trata de una propuesta “desafortunada y peligrosa”. “En relación con los fiscales –dice Pereira- plantea un inconstitucional modelo de responsabilidad objetiva por cualquier tipo de filtración de información relacionada con los procesos por colaboración eficaz. Sin considerar que las filtraciones pueden tener diverso origen y relevancia”. Pereira considera que este tipo de regulaciones expone a la prensa que difunde este tipo de información de interés público, a dar explicaciones acerca de la identidad de sus fuentes ante fiscales y jueces afectando la garantía constitucional de reserva de las fuentes.
“Se trata de un proyecto desconcertante por innecesario, no existe ningún problema de vacío, ambigüedad o insuficiencia en las normas procesales penales que se plantean modificar. En consecuencia, la única explicación razonable es que se trata de una iniciativa legislativa más, destinada a instrumentalizar las prerrogativas parlamentarias para procurarse impunidad frente a las investigaciones por hechos delictivos graves que afrontan congresistas y los líderes de sus agrupaciones. Coloca a los congresistas que promueven este tipo de proyectos, ante una futura acusación por obstrucción a la justicia”, concluye el abogado.
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