El 21 de agosto de 2025, la Procuraduría Especializada en Delitos de Corrupción pidió el levantamiento de las comunicaciones de los periodistas Rodrigo Cruz y César Prado, en el marco de una investigación contra ellos y la fiscal Marita Barreto por presuntos delitos de cohecho ocurridos en 2022, cuando la magistrada pertenecía al subsistema de lavado de activos. Entonces los periodistas trabajaban en El Comercio e IDL Reporteros, respectivamente.
La fiscalía abrió investigación preliminar a raíz de declaraciones del ex asesor de la fiscal de la Nación Patricia Benavides, Miguel Girao, quien es investigado en el Caso Valkiria. Girao dijo haber presenciado que Barreto pidió a Cruz informar en un sentido negativo sobre la entonces fiscal superior Delia Espinoza. Respecto de Prado, dijo haber presenciado afirmaciones de Barreto asegurando que el periodista atacaría a Delia Espinoza por su presunta vinculación con el clan Orellana. Pero el mismo Girao, ante la fiscalía, sostuvo que no vio en ello algún ilícito.
A juicio del IPYS, aun si estos hechos fueran ciertos (supuesto que es negado por los periodistas) no justifican que a Cruz y Prado se les haya abierto investigación por el presunto delito de cohecho activo (un intercambio ilícito de favores o prebendas). Menos aún justifica que les sea levantado el secreto de sus comunicaciones, como pretende la Procuraduría Anticorrupción, pedido que rechazamos.
El IPYS no pretende que los periodistas sean intocables en el esclarecimiento de hechos de alguna investigación, sino que la actividad periodística tenga las garantías necesarias ante medidas que claramente afectan la reserva de sus fuentes.}
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