El IPYS reitera que quien se considera afectado por una publicación periodística tiene el derecho de iniciar acciones legales para reclamar supuestos excesos cometidos a través de medios de comunicación.
Los periodistas deben ser conscientes de que este derecho es indesligable de la libertad de prensa, que permite publicar cualquier contenido de interés público sin censura previa. El periodismo que se excede y afecta derechos debe enfrentar a la justicia, a través de un debido proceso.
De otro lado, el IPYS rechaza todo intento de criminalizar el ejercicio legítimo del periodismo de cualquier tendencia editorial, por parte de ciudadanos o del propio Estado. Esto puede ocurrir de manera directa o indirecta, por ejemplo, a través de investigaciones sobre hechos que manifiestamente no constituyen delitos.
En esa línea, el IPYS rechaza que el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos haya solicitado y obtenido, del Ministerio Público, abrir investigación penal a Willax TV y al diario Expreso por expresiones vertidas en un reportaje sobre una defensora de derechos humanos, presumiendo un delito de coacción. Estos actos buscan sancionar opiniones, que pueden estar o no fundamentadas, pero que deben ser toleradas cuando van dirigidas a personas que participan en el debate público.
El IPYS asimismo rechaza que el Fiscal Provincial Juan Mendoza Abarca haya abierto investigación por el delito de resistencia o desobediencia a la autoridad contra el productor del programa “Contracorriente”, Carlos Paredes, de Willax TV, por no haber entregado el video de un reportaje requerido por el Equipo Especial de Fiscales contra la Corrupción en el Poder (Eficcop), que no fue hallado en los archivos del canal, según el medio. La Ley de Radio y Televisión no obliga a los medios que regula a guardar archivos más allá de 45 días luego de emitidos. En este caso, los archivos fueron solicitados cinco meses luego de la emisión. Podría tratarse de un acto de prepotencia contra un medio crítico de Eficcop.
Paredes tiene otra investigación abierta, junto con el periodista Augusto Thorndike, conductor de “Contracorriente”, por una supuesta violación de correspondencia del Instituto de Defensa Legal (IDL). El programa reveló estados de cuenta bancarios del IDL, los cuales, según dijo el conductor, les fueron enviados por una fuente anónima. El Ministerio Público no ha sustentado, como hubiera sido necesario, indicios que presumirían violación de correspondencia para abrir su investigación.
El IPYS considera que jueces y fiscales deben ser especialmente rigurosos y motivar adecuadamente sus decisiones cuando disponen iniciar investigaciones y procesos que puedan afectar la libertad de expresión.
Follow the author on or visit Personal Blog