El Consejo de la Prensa Peruana (CPP), la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), la Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP) y el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) se reunieron el viernes 27 con la Coordinación Nacional de Derechos Humanos e Interculturalidad del Ministerio Público, a cargo de la fiscal Rosario Quico Palomino, por motivo de los asesinatos de los periodistas Gastón Medina, en Ica, y Raúl Celis, en Iquitos.
En mayo, las cuatro organizaciones enviaron una carta a la fiscal de la nación, Delia Espinoza, para solicitarle una reunión de trabajo en la que se informara acerca de los avances en las investigaciones fiscales que se siguen por los asesinatos de los periodistas Medina y Celis, ocurridos en enero y mayo, respectivamente. Espinoza sugirió que la reunión se realizara con la Coordinación Nacional de Derechos Humanos e Interculturalidad debido a que lleva ambos casos. En ésta, además de la coordinadora Quico participaron las fiscales que investigan los casos Anyela Salazar (Medina) y Alejandra Tello (Celis).
Rosario Quico Palomino señaló que las fiscalías de ambas ciudades vienen recogiendo elementos de convicción y armando el contexto de los asesinatos. Sin embargo, dijo que por la “naturaleza reservada” de las investigaciones, no se pueden especificar detalles.
Etapas de los casos
El caso de Gastón Medina –en el que ya se ha llegado a detener a un presunto autor material– se sigue una investigación preparatoria por 120 días. Asimismo, una investigación preliminar para identificar a otros posibles responsables. Cumplido el plazo, y de ser declarada la investigación como compleja, ésta puede ser prorrogada por ocho meses si quedan pericias pendientes. Después de esta etapa, podría llegarse a juicio, siempre y cuando no se finalice el proceso.
En cuanto al caso de Raúl Celis, ya ha sido trasladado de una fiscalía penal a la de derechos humanos. Actualmente, está en etapa de investigación preliminar por 60 días, de los cuales ya transcurrieron 30. De ser ampliada la investigación, pasaría a formalización.
En ambos casos, las investigaciones fiscales avanzarían con mayor celeridad de contar con mayor apoyo de la Policía Nacional del Perú, sostuvieron las fiscales.
La coordinadora Quico se comprometió a organizar una segunda reunión a finales de año para informar a las organizaciones periodísticas de los avances en las investigaciones.
En su mensaje a Quico, Rodrigo Salazar Zimmermann, director ejecutivo del Consejo de la Prensa Peruana, señaló la preocupación de su organización por el mal precedente de la justicia en casos de asesinatos de periodistas, pues son pocos los que finalmente han llegado a una sentencia. Adriana León, directora del área de libertades informativas del IPYS, hizo un recuento de casos de asesinatos que nunca llegaron a juicio.
Carlos Lauría, director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa, dijo que la falta de justicia en casos de asesinatos a periodistas es “una señal que se da a la sociedad de que quienes matan pueden seguir haciéndolo” y que así “se perpetúa la impunidad, como en México”. Añadió que para muchos periodistas, el clima de violencia “produce autocensura”.
Por su parte, Zuliana Lainez, presidenta de la ANP, pidió que ante casos de asesinatos de periodistas, éstos pasen de inmediato a una fiscalía especializada en derechos humanos, no penal. Además, solicitó que el Ministerio Público priorice dichas investigaciones bajo la premisa de que cuando un periodista es asesinado, usualmente es como consecuencia de su labor informativa.