El viernes 23 de septiembre del 2022, el Consejo de Administración de Abraji (Asociación Brasileña de Periodismo de Investigación) se pronunció sobre la censura del juez del Tribunal de Justicia del Distrito Federal y Territorios (TJDFT) Demetrio Gomes Cavalcanti contra el portal UOL, al determinar, el jueves (22.sep.2022), que fueran retirados del aire informes de investigación sobre las transacciones de bienes raíces de la familia del presidente Jair Bolsonaro. La medida cautelar (decisión provisional) revocó una decisión anterior de primera instancia del 4º Tribunal Penal de Brasilia, del pasado lunes (19.Sep.2022).
De acuerdo con el comunicado, la solicitud de retiro del contenido respondió a un alegato de la defensa del senador Flávio Bolsonaro (PL), hijo mayor del presidente, en el curso de una acción penal presentada contra los periodistas responsables de las publicaciones. En la decisión, el juez dijo que los informes utilizaban información secreta de una investigación policial que ya había sido anulada por el Tribunal Superior de Justicia e Información "no sometida al escrutinio del Poder Judicial".
La investigación de los reporteros Juliana Dal Piva y Thiago Herdy fue publicada el 30 de agosto del 2022 y demostró, a través de documentos, que la familia del presidente compró 51 propiedades con dinero en efectivo, total o parcialmente.
Abraji considera absurda la decisión judicial. En primer lugar, porque es de interés para toda la sociedad brasileña conocer las transacciones sospechosas que implican a los miembros de la familia del presidente -incluidos tres diputados-. En un contexto electoral, el requerimiento es aún más grave, ya que impide el escrutinio público, cercena el debate e impide el libre ejercicio de la prensa. El informe no se hace ilusiones. La información se extrajo de un análisis detallado de los documentos recogidos en las notarías durante un periodo de siete meses, con más de mil páginas leídas.
Según la Asociación, la decisión es considerada como un ataque a toda la prensa brasileña. "El episodio confirma el aumento del acoso judicial contra los periodistas. Desde 2002 ha habido 5.641 solicitudes de retirada de contenidos. El tipo de autor más común registrado en el proyecto son los políticos, con 3.245 acciones".
Abraji también considera la acción contra UOL, que tuvo lugar en el ámbito penal, como una violación de la libertad de prensa. Para la Asociación, la forma de discutir una supuesta ofensa al honor sería el ámbito civil.