Un juzgado de corrupción de funcionarios ordenó el levantamiento del secreto de comunicaciones de la periodista Paola Ugaz, en una investigación por una denuncia de presunto enriquecimiento ilícito a raíz de su desempeño como funcionaria pública durante la gestión de la alcaldesa Susana Villarán. El período de la medida abarca casi ocho años; sin embargo, Ugaz sólo trabajó para dicha gestión entre el 2013 a 2014, y luego como periodista independiente.
El IPYS viene sosteniendo que en los casos del levantamiento del secreto de las comunicaciones a periodistas que son investigados, el Ministerio Público y el Poder Judicial deben sustentar especialmente la estricta necesidad y razonabilidad de este tipo de medida y limitarla al objetivo de la indagación, luego de corroborar mínimamente la verosimilitud de los hechos.
En este caso, el juez aceptó un pedido de la fiscalía ante la denuncia de parte de una persona que recurre sistemáticamente al sistema judicial en contra de Ugaz, en el contexto de cuestionamientos a sus publicaciones periodísticas. La fiscalía no expuso el resultado de diligencias para presumir razonablemente enriquecimiento ilícito.
El IPYS considera que la medida carece de justificación, es desproporcionada y pone en riesgo la protección de las fuentes de la periodista.
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