La resolución judicial de allanamiento a la casa de una periodista, producida con desmesurado despliegue policial el 29 de enero, no acredita su negativa a entregar una cámara de su propiedad cuya incautación para serviría para esclarecer un robo, conforme fue informado oficialmente. Tampoco acredita que fue notificada del requerimiento. Por otra parte, la resolución es contradictoria con el comunicado público de la Policía Nacional del Perú sobre los hechos.
La autorización, suscrita por el juez Renzo Subiria, del Primer Juzgado de investigación Preparatorio Transitorio del Callao, autoriza el allanamiento, descerraje, registro e incautación de equipos de la vivienda de María Teresa García, la editora política del opositor diario Expreso, sin identificar a los inquilinos del inmueble.
La resolución se basó en un informe de Víctor Novella Secada, del Tercer Despacho de la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa del Distrito Fiscal del Callao. La fiscalía dijo que la policía tocó en tres oportunidades en la vivienda sin que nadie contestara. Añadió que según vecinos de la casa, situada en la Avenida Miguel Grau 402, allí vivía “una fémina adulto mayor de apellido García”.
De este modo, de acuerdo con la resolución, el fiscal no acreditó una notificación en regla para requerir la cámara de vigilancia privada que supuestamente habría filmado un asalto callejero. Este es un requisito ineludible para evitar entrar por la fuerza a una vivienda sin haber por lo menos formalizado un pedido de elementos útiles para una investigación.
Tampoco indica gestiones para obtener el material fílmico de otras cámaras que habrían filmado los hechos, del Gobierno Regional del Callao, artefactos que fueron mencionados en el informe del Ministerio Público.
La investigación buscaba identificar plenamente a uno de los ladrones, que está prófugo. En el informe, el fiscal Novella le dijo al juez, sin base alguna, que “existen motivos razonables para considerar que se oculta a la persona evadida o que se encuentran bienes delictivos o cosas relevantes para la investigación”
Un comunicado público de la PNP el 30 de enero señala que la propia periodista, María Teresa García Valenzuela, se negó a entregar las cámaras. Pero este hecho no figura en el requerimiento fiscal ni en la resolución que autoriza el allanamiento.
EL IPYS reitera su pedido de investigación de los hechos, que revelarían irregularidades en la actuación de la PNP, la fiscalía y el juez, configurando un posible delito de abuso de autoridad.