El 7 de setiembre de 2022, el Tribunal de Contrataciones del Estado del Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE), dependiente del Poder Ejecutivo, sancionó al Grupo La República Publicaciones, que edita el diario del mismo nombre, impidiéndole contratar publicidad estatal por cuatro y cinco meses. Estas resolusiones refieren a 2 de los 106 procesos sancionadores iniciados desde marzo de 2022 contra el grupo editorial.
En los 106 procesos, la OSCE atribuye al diario La República haber transgredido la Ley 30225 por haber contratado la publicación de avisos con diversas entidades estatales, entre el 19 de noviembre del 2020 y el 27 de julio del 2021. El diario La República explicó en una nota que, “en dicho período, Claudia Cornejo Mohme, hija de María Eugenia Mohme Seminario, accionista del Grupo La República, se desempeñó como ministra de Turismo y Comercio Exterior. Si bien la ley prohíbe contratar con el Estado para familiares directos y hasta el segundo grado de altos funcionarios, antes que Claudia Cornejo asuma como ministra de Estado, el Tribunal Constitucional emitió una sentencia que aclara y delimita los alcances de la Ley 30225. Un fallo que el Tribunal de Contrataciones de la OSCE ha admitido como jurisprudencia vinculante, al resolver otro caso. Es decir, se pretende imponer a La República una sanción por realizar un acto que, respecto de otro ciudadano, se concluyó que no infringe la ley”.
La República considera que se trata de “una intención perversa de parte de la OSCE para sancionar a un medio de comunicación crítico del actual Gobierno”.
El asesor jurídico de IPYS, el abogado Roberto Pereira, señaló que con esta sanción "claramente le están impidiendo a un medio, de manera absolutamente irrazonable, acceder de manera equitativa a la publicidad estatal. Si eso ha tenido una intencionalidad o no, es otra cosa, pero de que en la práctica hay una afectación al acceso equitativo a la publicidad estatal, por supuesto que sí 'debe haber una respuesta'".
Para Pereira, la norma es absurda, "pues si bien tiene una pretensión plausible, es decir, quiere evitar que haya influencia en los procesos de contratación para favorecer a familiares de funcionarios de altos cargos públicos, la manera en que lo hace, prohibiendo de forma absoluta, genera resultados absurdos".