El diputado Aldo Bravo, con firmas de varios de sus correligionarios, han presentado un proyecto de ley que bajo la denominación de apología sanciona entre cuatro a seis años de cárcel, un conjunto amplio de manifestaciones a través de medios de comunicación, afectando claramente la libertad de expresión. La norma se aplicaría en situaciones de crisis política o conflicto social.
Es un proyecto redundante, porque el Código Penal ya establece figuras específicas para instigación o apología. La modificación afecta cualquier tipo de manifestación u opinión hechas a través de cualquier medio de comunicación, porque penaliza toda acción que promueva, solicite, señale, aliente, justifique o legitime el uso de acciones que pueda afectar la seguridad ciudadana, la vida o bienes del Estado, entre otros. Esta lista indiscriminada de expresiones sin delimitaciones claras se presta a un sinfín de arbitrariedades. Considera además como agravantes posiciones de liderazgo político, social, de opinión o la condición de comunicador, recurriendo una lista de expresiones con similares problemas de imprecisión y en consecuencia fuente de abusos.
El Tribunal Constitucional ya ha precisado las pautas de aplicación de la apología, orientándola a la exaltación de conductas ya cometidas o de personajes sentenciados. La propuesta trasgrede estos límites constitucionales.
Así, la cobertura reiterada o sostenida de una protesta, la entrevista a sus protagonistas, la discrepancia con la línea editorial de un medio, en una coyuntura de conflicto social, podría calificarse como una justificación o legitimación de aquella, activándose la persecución penal a través de esta nueva figura, en contra de ciudadanos y periodistas.
El IPYS plantea archivar el proyecto, que no solo revela poco aprecio por las libertades fundamentales sino un escaso nivel de preparación técnica de la propuesta.
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