El 12 de junio del 2026, el Congreso aprobó el informe de una comisión investigadora del acuerdo de colaboración eficaz suscrito en 2019 entre el Estado peruano y la empresa brasileña Odebrecht, que confesó sobornos para obtener obras públicas. El informe recomienda al Ministerio Público iniciar acciones penales contra el periodista Gustavo Gorriti y magistrados que pactaron el acuerdo, al que consideró lesivo para los intereses del Estado.
El IPYS considera improcedentes las imputaciones a Gorriti, que no tuvo participación en las negociaciones. Desde su condición de director del portal investigativo IDL Reporteros, Gorriti informó y opinó editorialmente sobre el acuerdo ejerciendo su libertad de expresión.
El informe atribuye a Gorriti los delitos de cohecho, tráfico de influencias y obstrucción a la justicia para obtener información o influir en investigaciones a cambio de apoyo mediático. Las incriminaciones objetan relaciones entre el periodista y sus fuentes sin prueba alguna de que haya habido un intercambio ilegal. Sin estas evidencias, es condenable cualquier intento de penalizar a un periodista por decisiones que adopten fiscales o jueces del sistema de justicia,
Los hechos mencionados en el informe congresal están siendo investigados en el Ministerio Público. Desde la aparición de las imputaciones, en 2024, el IPYS ha opinado consistentemente que deben ser archivadas.
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