Las organizaciones y periodistas firmantes, que promovemos el ejercicio de un periodismo libre y de calidad, queremos alertar respecto del deterioro de las condiciones para ejercer el periodismo profesional en Venezuela. Especialmente a raíz de las amenazas y acciones penales contra los editores del portal Armando.info, Alfredo Meza, Ewald Scharfenberg y Joseph Poliszuk, y contra el redactor del mismo medio, Roberto Deniz.
Estos periodistas venezolanos han abandonado su país como consecuencia de la demanda penal interpuesta por el empresario colombiano Alex Saab tras la publicación de dos reportajes relacionados con el negocio detrás del plan estatal Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP), que distribuye alimentos a precios subsidiados en vastos sectores de la población. Las demandas son por Difamación Agravada Continuada e Injuria Agravada, que puede merecer carcelería de hasta seis años.
El sitio Armando.info, especializado en periodismo de investigación, documentó en dos reportajes publicados en 2017 la vinculación de Alex Saab con la empresa Group Grand Limited y la venta al Gobierno venezolano de alimentos para el plan estatal de los CLAP. Los reportajes demuestran la conexión de Saab con la distribución de alimentos gracias a los contratos que la empresa obtuvo con la administración de Nicolás Maduro.
El primero de los trabajos fue publicado en abril de 2017 con el título “Empresarios cuestionados en Ecuador y EE.UU. le venden comida al Gobierno venezolano”. El segundo fue divulgado en septiembre de 2017 con el título “De Veracruz a la Guaira: un viaje que une a Nicolás Maduro con Piedad Córdoba”, poco después de que la Fiscal General de la República destituida por el Ejecutivo venezolano, Luisa Ortega Díaz, denunciara la relación entre Saab, Group Grand Limited y el propio Nicolás Maduro.
Los reportajes aparecieron en Armando.Info con la firma de Roberto Deniz, responsable de reconocidas investigaciones como la de “Los Papeles de Panamá y el Outsourcing Militar” -que en noviembre del 2017 obtuvo en Buenos Aires el segundo lugar del Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación otorgado por el IPYS y Transparencia Internacional.
Los periodistas hicieron todos los esfuerzos para que el empresario diera su versión de los hechos. Sin embargo, no atendió solicitudes realizadas mediante llamadas telefónicas y correos electrónicos.
La acción penal contra los reporteros de Armando.info es la número 31 que registra IPYS Venezuela, por los delitos de difamación e injuria. Estas demandas han sido ejercidas por funcionarios públicos y contratistas del Estado en su mayoría, contra 40 periodistas y representantes de medios de comunicación. Entre los demandados destacan los casos de David Natera, director del Correo del Caroní, quien cumple condena en régimen de casa por cárcel; y los de Teodoro Petkoff y otros 21 directivos de los medios Tal Cual, El Nacional y La Patilla, quienes tienen prohibición de salida del país y congelamiento de bienes en Venezuela.
Las acciones penales que se están aplicando contra periodistas y directivos de medios empeoran aún más la situación de la libertad de expresión en Venezuela y agravan los riesgos que ya existen contra el periodismo profesional. En Venezuela no existe un Poder Judicial independiente, y los tribunales son frecuentemente empleados para castigar a la prensa que informa hechos verídicos.
Exigimos al Estado venezolano el cumplimiento de estándares que garanticen el ejercicio pleno del periodismo profesional e independiente para ofrecer una información confiable sobre los asuntos de interés público y proteger el derecho de los ciudadanos a estar informados. Estos delitos deben ser eliminados de la legislación nacional de acuerdo al exhorto que hizo al Estado venezolano el Comité de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas, en julio de 2015. Este mismo llamado ha sido reiterado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en diversas oportunidades.
