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COMUNICADO IPYS

Como es público, en el año 2014, Odebrecht fue un auspiciador de los Premios Nacionales de Periodismo, que entregan el IPYS y la Pontificia Universidad Católica del Perú. El monto recibido por el IPYS para el lanzamiento y organización del premio en 2014 y parte del 2015, es de US$ 220,150. El convenio entre el IPYS y la empresa ​que circula en redes,  y que está tomado de nuestra página web, corresponde a un acuerdo por dos años, rescindido en junio del  2015, rescisión que fue publicada en su momento, ante las evidencias de corrupción de la empresa aparecidas en Brasil. A partir de junio de 2015 ​y hasta hoy, ​los Premios son auspiciados por otras empresas e instituciones, conforme puede apreciarse en  la web de esta actividad. Ninguno de estos auspicios comprometió la orientación de los premios ni la independencia del IPYS en el cumplimiento de su misión. 

Bolivia: ANP alerta sobre proyecto que atenta contra la libertad de expresión

NOTICIAS
Publicado el 27 Septiembre 2017
Bolivia: ANP alerta sobre proyecto que atenta contra la libertad de expresión
Por IPYS

La Asociación Nacional de la Prensa de Bolivia (ANP) que agrupa a los principales diarios y una agencia de noticias se declara en alerta frente al artículo 200 del proyecto del Código del Sistema Penal analizado por la Asamblea Legislativa Plurinacional que, en caso de aplicarse a los periodistas y comunicadores, vulneraría los principios constitucionales y la Ley de Imprenta que protegen el ejercicio del periodismo.

La sanción proyectada por “imprudencia, negligencia, impericia, inobservancia de los protocolos, reglamentos o los deberes inherentes al ejercicio” de una profesión tendría consecuencias funestas en el campo periodístico donde se impondría la autocensura, mientras todos los ciudadanos de Bolivia estarían sujetos a una censura previa en la difusión de ideas y opiniones.

El proyecto representa un retroceso histórico que sancionaría al pensamiento renovador y el avance de la propia ciencia.

La difusión de noticias y opiniones a través de medios masivos no puede ser penalizada con sanciones económicas, administrativas o con privación de libertad porque quebrantaría el Artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948 que otorga a todo individuo el “derecho a la libertad de opinión y de expresión”. Este principio aboga también por el derecho a discrepar con los gobernantes.

En enero de 2009, una mayoría de ciudadanos aprobó la nueva Constitución Política del Estado (CPE) que en su Artículo 106 “garantiza a las bolivianas y los bolivianos el derecho a la libertad de expresión, de opinión y de información, a la rectificación y a la réplica, y el derecho a emitir libremente las ideas por cualquier medio de difusión, sin censura previa”.

Los periodistas no pueden ser juzgados por un tribunal ordinario y deben acogerse a un Tribunal Especial comprendido en la Ley de Imprenta ampliamente reconocida por la Constitución en el Artículo 107 que admite la vigencia de “normas de ética y de autorregulación de las organizaciones de periodistas y medios de comunicación y su ley (Ley de Imprenta)”.

Por tanto, la ANP recuerda a los legisladores un principio elemental en la aplicación de normas: La Constitución está en un rango superior al Código Penal que proyectan.

La ANP denunciará este nuevo atropello al trabajo periodístico ante instancias internacionales y se mantendrá vigilante por la preservación de la Constitución, la Ley de Imprenta y el Artículo 296 que protege “la libre emisión del pensamiento por cualquier medio de difusión”.


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