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COMUNICADO IPYS

Como es público, en el año 2014, Odebrecht fue un auspiciador de los Premios Nacionales de Periodismo, que entregan el IPYS y la Pontificia Universidad Católica del Perú. El monto recibido por el IPYS para el lanzamiento y organización del premio en 2014 y parte del 2015, es de US$ 220,150. El convenio entre el IPYS y la empresa ​que circula en redes,  y que está tomado de nuestra página web, corresponde a un acuerdo por dos años, rescindido en junio del  2015, rescisión que fue publicada en su momento, ante las evidencias de corrupción de la empresa aparecidas en Brasil. A partir de junio de 2015 ​y hasta hoy, ​los Premios son auspiciados por otras empresas e instituciones, conforme puede apreciarse en  la web de esta actividad. Ninguno de estos auspicios comprometió la orientación de los premios ni la independencia del IPYS en el cumplimiento de su misión. 

Perú: asesinatos, acoso judicial y otros ataques a la prensa en el informe anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA

NOTICIAS
Publicado el 7 Julio 2017
Perú: asesinatos, acoso judicial y otros ataques a la prensa en el informe anual de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA
Por IPYS

Foto: Verónica Calderón La República

Dos asesinatos, varios periodistas querellados por delitos de difamación, injuria, atentado contra la seguridad nacional y la falta de una autoridad que resuelva conflictos en material de acceso a la información pública son los problemas principales que consigna el informe anual 2016 de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la OEA. Así lo reportó el Relator Edison Lanza en un evento realizado en Lima para la presentación de dicho informe. 

En su exposición, Lanza hizo un preámbulo mencionando un panorama de la situación de la libertad de expresión en la región, con énfasis en los graves ataques que vienen sucediendo en Venezuela, Ecuador y México.

También destacó que doce países de la región hayan adoptado y modificado medidas relacionadas con los delitos de prensa, incluso derogando el uso del derecho penal para violentar la libertad de expresión. Resaltó que lamentablemente no es el caso del Perú.

Lanza explicó la urgente necesidad de que los países tengan una buena ley de publicidad oficial o, en su defecto, mejorar las ya existentes que ayuden a no distorsionar la línea de los medios de comunicación a cambio de tener más anuncios. 

Balance sobre Perú

Edison Lanza nombró los dos casos de periodistas que fueron asesinados durante 2016, y de los cuales casi no se tiene información sobre las investigaciones. Únicamente se sabe que están  en etapa preliminar, en la Policía.

En noviembre de 2016, Hernán Choquepata, periodista del programa “La voz del pueblo”, fue asesinado a balazos por sicarios mientras conducía su programa en la cabina radial. El periodista era crítico con las autoridades gubernamentales.

En octubre, Yrineo Martínez Purihuamán, comunicador de la región Lambayeque, murió tras recibir impactos de bala mientras cubría un presunto enfrentamiento entre comuneros e invasores de tierras.

También demostró preocupación por los casos de periodistas que han sido querellados por delitos de prensa, demandas entabladas por funcionarios y personas públicas: caso Fernando Valencia, caso Rafo León, caso Zenaida Condori, de La República, Arequipa, caso Karina Novoa y Rosana Cueva, entre otros.

“Periodistas que hicieron uso de su libertad de opinión o de prensa y expresión y fueron denunciados penalmente. Pudimos ver que en  todos los casos los demandantes eran funcionarios públicos o personas expuestas a la crítica pública por su actividad, y juzgados que admitieron y en varios casos resolvieron contra los periodistas en las primeras instancias judiciales. Vemos con preocupación que se siga usando esta figura en el Perú, resaltó Lanza.

El Relator expresó su voluntad “de ayudar y empujar una agenda para elevar las prácticas del Perú a los estándares interamericanos”.

El informe fue comentado por el presidente de la Corte Suprema, Duberlí Rodríguez. Sobre los procesos judiciales contra periodistas por delitos de prensa el magistrado indicó que si bien en primeras instancias hubo malas decisiones de jueces, varios de los casos mencionados, “en las instancias superiores fueron resueltos a favor de la prensa y así de alguna manera el PJ enmendó sus errores. Estamos trabajando en ello porque somos respetuosos del derecho a la libertad de opinión y de expresión, derecho que consideramos fundamental en toda sociedad democrática”.

Sobre los asesinatos y la lentitud en las investigaciones de los periodistas asesinados, Rodríguez dijo que “no tenemos injerencia en eso porque ambos casos están todavía en investigación policial. Es un problema serio que debería resolverse a la brevedad posible”   


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