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COMUNICADO IPYS

El IPYS considera que la condición judicial del Ministro del Interior Daniel Urresti como presunto autor del asesinato del periodista Hugo Bustíos, cometido por fuerzas militares en 1988, es incompatible con el cargo que ostenta y un factor que puede afectar las investigaciones.  Que un ministro llamado a defender los derechos humanos tenga un esclarecimiento pendiente por un delito de extrema gravedad en esta materia, es, además, groseramente ofensivo a los valores de un Estado Democrático. El IPYS solicita al Presidente de la República apartar al ministro de sus funciones políticas. Augusto Álvarez Rodrich (presidente); Mabel Cáceres, Luis Jaime Cisneros, Pedro Tenorio.   Lima, 7 de julio de 2014    

Perú: reporte de libertad de expresión 2012 de IPYS señala al norte como la zona más peligrosa para ejercer el periodismo

NOTICIAS
Publicado el 14 Enero 2013
Perú: reporte de libertad de expresión 2012 de IPYS señala al norte como la zona más peligrosa para ejercer el periodismo
Por Luis Alarcón

 

Un total de 95 agresiones a la prensa reportó el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) durante el año pasado, 18 de las cuales se registraron en Lima, capital del país, en un empate con la Región Cajamarca, seguidas de Lambayeque, donde tuvieron lugar 16 agresiones. Con ello, el norte del país se consolida como la zona más peligrosa para el periodismo libre en el Perú.

Cajamarca siguió siendo durante 2012, la sede del conflicto minero del proyecto Conga, que en su segundo año supuso varios atropellos para periodistas que en su afán de cubrir los hechos que enfrentaron a la minera Yanacocha con colectivos y políticos opositores, resultaron agredidos por grupos de manifestantes, políticos y hasta por malos policías. Los incidentes en Cajamarca tuvieron su escalada a mitad de 2012; y su clímax, el 14 de junio cuando periodistas locales y enviados nacionales, que cubrían un enfrentamiento entre manifestantes y policías en la plazuela La Recoleta, fueron agredidos ferozmente por un grupo de policías.

Lambayeque fue entre mayo y junio de 2012, meses pico de las alertas sobre libre expresión reportadas por el IPYS, escenario de conflictos distintos pero igual de peligrosos para los periodistas locales. En el marco de una violencia desatada en el gremio de construcción civil, algunos reporteros resultaron agredidos por allegados a miembros de un polémico sindicato, vinculado a una red de extorsiones. Sin embargo, el promedio de las agresiones contra la prensa vino de parte de regidores, funcionarios públicos y simpatizantes a Roberto Torres González, alcalde de Chiclayo, capital de la región, inhabilitado en su cargo el 22 de mayo.

Funcionaros y Estado

En general, los funcionarios públicos fueron por excelencia los sujetos agresores contra el periodismo durante 2012, una tendencia que el país vive ya hace varios años. Según el reporte anual del IPYS, 22 funcionarios agredieron a periodistas, seguidos de grupos (14 casos), desconocidos (13), tipología de agresores que se vincula muchas veces a los propios funcionarios que los usan supuestamente para materializar sus agresiones. Por ejemplo, El 23 de mayo, Magno Nava Flores, director y conductor “Huari Informa” de Radio y TV Huari, en Ancash, fue golpeado y despojado de una cámara filmadora por dos encapuchados que fueron luego identificados como contratados por algún político local.

Preocupa también que la policía haya sido sujeto agresor en al menos 11 casos y que el Estado haya personificado en 10 ocasiones agresiones contra la libre expresión durante 2012. 

Una forma que toma cada vez más cuerpo en estas agresiones es la judicialización de procesos contra periodistas, en circuitos que comienzan por denuncias sentadas por autoridades públicas poco tolerantes al escrutinio de la prensa, siguen en fiscales que acatan estas  denuncias y luego en jueces que sentencian desproporcionadamente fuera de todo estándar internacional de protección a la libre expresión. Es evidente un uso abusivo del poder del Estado, tipología que el IPYS reportó en 21 ocasiones durante 2012, vinculadas a un marco jurídico contrario a los estándares internacionales, en lo que sumaron 12 casos.

Entre otros casos relevantes de procesos judiciales contra periodistas en 2012, el IPYS alzó su voz cuando El 5 de junio de 2012, el director de Diario 16, Juan Carlos Tafur, y el periodista Roberto More, fueron sentenciados por un juez en Lima  a dos años de prisión suspendida y a pagar 60 mil soles en favor del general (r) Antonio Ketin Vidal Herrera, quien los demandó por presunta difamación agravada, en un juicio plagado de quejas sobre su debido proceso.

Física y verbal

Con todo, la personificación de la agresión contra la libre expresión en el país tuvo porcentualmente en el 2012 la contundencia del golpe, la intolerancia del empujón, el desquicio del rapto, entre otras formas de violencia física. Así, el IPYS reportó 37 Agresiones físicas (a medios o a personas), muchas en desenlace de agresiones verbales, que se reportaron en 30 ocasiones.

Una muestra de esa violencia fue lo que triste e injustamente le sucedió a Pepe Atanacio Vásquez, director y conductor de “El súper Especial del Terrible de la Noticia” de radio Ccorawiri de Andahuaylas, el 31 de julio de 2012.El periodista fue atacado por una turba, en razón a sus críticas a dos dirigentes del sindicato de maestros. Sus atacantes irrumpieron en la emisora, lo golpearon salvajemente, le cortaron el cabello, lo pasearon por la ciudad y luego lo condujeron a otra estación radial para advertir castigos similares a otros ocho periodistas de la región Apurímac, ubicada al sur del país.

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