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COMUNICADO IPYS

El IPYS considera que la condición judicial del Ministro del Interior Daniel Urresti como presunto autor del asesinato del periodista Hugo Bustíos, cometido por fuerzas militares en 1988, es incompatible con el cargo que ostenta y un factor que puede afectar las investigaciones.  Que un ministro llamado a defender los derechos humanos tenga un esclarecimiento pendiente por un delito de extrema gravedad en esta materia, es, además, groseramente ofensivo a los valores de un Estado Democrático. El IPYS solicita al Presidente de la República apartar al ministro de sus funciones políticas. Augusto Álvarez Rodrich (presidente); Mabel Cáceres, Luis Jaime Cisneros, Pedro Tenorio.   Lima, 7 de julio de 2014    

Perú: Preocupante balance de agresiones a la prensa en 15 días de paro antiminero

NOTICIAS
Publicado el 16 Junio 2012
Perú: Preocupante balance de agresiones a la prensa en 15 días de paro antiminero
Por Luis Alarcón

El paro contra el proyecto minero Conga iniciado el pasado 31 de mayo deja en sus primeros 15 días un balance amargo para los periodistas que cubrieron los sucesos en la ciudad de Cajamarca y sus alrededores. En la región del mismo nombre, ubicada en los andes norte del país no sólo no hay señales de que el conflicto termine sino que –si de veras no se toman drásticas medidas– las agresiones a periodistas pueden continuar en escalada.

El clímax de las agresiones, como reportaron varios medios y el IPYS, ocurrió ciertamente el 14 de junio cuando un grupo de policías arremetieron brutalmente contra varios periodistas que cubrían el enfrentamiento entre manifestantes y precisamente la policía en la plazuela La Recoleta. Entre los más afectados resultaron Daniel Jayo de Sol TV, Luis Chilón de Radio Programas del Perú y Edwin Lozano de Frecuencia Latina TV. Pese a vestir chalecos de prensa e identificarse, los malos policías agresores no dudaron en golpearlos duramente y romperles cámaras fotográfica y videográfica.

Lo de ese día, sin embargo, es solo la punta de un iceberg. Los tres periodistas han sido agredidos de diversas maneras ya antes en lo que va de este paro, como también durante el primero que se inició el 9 de noviembre y duró hasta bien entrado diciembre de 2012. A Lozano por ejemplo, es la segunda vez que la policía lo golpea, si bien asegura al IPYS que frente a la agresión del 14 de junio, la primera resultó casi “anecdótica”.

La policía no es, con todo, el único sujeto agresor en este panorama de violencia contra periodistas que cubren el paro anti Conga. Luis Mego, corresponsal de América TV, ha sido agredido un par de veces ya por manifestantes, que en sí son quienes más arremeten contra la prensa. El mismo día 14 una turba lo golpeó y quiso lincharlo porque en sus despachos no incluye comentarios a favor del paro. Unos colegas lo ayudaron y recibieron golpes también pero lograron alejarlo de la turba, le contó al IPYS.

En lo que va de este paro, el IPYS ha reportado cuatro alertas sobre agresiones a libre expresión que tienen que ver con las oposiciones que genera Conga. Y en total 14 comunicadores agredidos, la mayoría periodistas mismos locales o enviados, pero también el propietario de una radio y hasta una cineasta que sufrió que un documental sobre Conga fuera censurado.  

Chistian Rojas, corresponsal de la televisora de cable Canal N en Cajamarca, dice por su parte que las agresiones en el marco del paro anti Conga son de todo tipo, y día a día, tantas que los periodistas las toman como gajes de su riesgoso oficio. El mismo ha sido agredido por manifestantes unas 10 veces, contabiliza. “Te empujan si estás filmando, te jalan los pelos, te escupen”, cuenta.

En una atmósfera de permisividad, los periodistas nunca reportan agresiones leves y dudan mucho en reportar las mayores incluso. Menos pensar en sentar denuncia, en un sistema lento en el que desconfían. Por ejemplo, para denunciar las agresiones que sufrieron el 14 de junio de parte de la policía, Jayo, Chilón y Lozano lo dudaron bastante. Cuando se decidieron, la policía misma les negó en un principio la entrada a la I Comisaría de Cajamarca. Tuvieron que acudir a Defensoría del Pueblo desde donde una comisión los acompañó para que los atendieran y respetaran su derecho a denunciar una agresión flagrante y certificada por un médico legista.

Con todo, otra puerta se les cierra: la del ministerio público. Lozano contó al IPYS que María Eugenia Acosta, Presidenta (e) de la Junta de Fiscales Superiores de Cajamarca no aceptó su denuncia en esa dependencia esgrimiendo una extraña orden para que los procesos de violencia en el marco del paro antiminero de vean en la ciudad de Chiclayo, capital de la Región Lambayeque, distante a seis horas de Cajamarca. “De ese modo, hay en nosotros un desánimo para poder pedir justicia”, se lamenta sobre eso Luis Chilón.

El IPYS sin embargo consultó la actitud de la magistrada a los comisionados de la Defensoría del Pueblo de Cajamarca, Gladys Díaz y Jaime Carranza, quienes afirmaron  que de todas maneras el ministerio público en Cajamarca no puede rechazar atender una denuncia si bien el proceso se llevaría en otro lugar, por cuestiones de excepción. 

Plantón, promesas de no agresión y escepticismo

Los más de 355,000 habitantes de la provincia de Cajamarca viven este segundo paro antiminero en una suerte de limbo. Por un lado, la mayoría de actividades comerciales, productivas y ganaderas siguen. Pero paran en cualquier momento porque las marchas para que el Gobierno Central declare inviable Conga irrumpen sin más. Un fuerte contingente de comuneros venidos de distritos y otras provincias de la región se han apostado en el patio de una iglesia y son sus principales seguidores. Una universidad privada suspendió clases estos días porque se voceaba que el paro se tornaría más violento y la comisión organizadora de la Feria Agropecuaria Agroindustrial, Artesanal y Turística de Cajamarca (FONGAL), que recibe 30,000 asistentes, muchos turistas, anunció suspenderla este año.

Y cuando hay protestas, casi siempre hay prensa agredida. La mañana del 15 de junio, un día después de la terrible agresión de los policías contra los periodistas (que además mereció un llamado de atención del mismo Ministro del Interior,  asegurando que sancionará a los efectivos responsables) los colegas de los agredidos realizaron una marcha que los llevó por el Poder Judicial, el Ministerio Público de Cajamarca y finalmente a un plantón en la Plaza de Armas.

Con bandas blancas cubriendo sus bocas, los periodistas manifestaban su rechazo a las agresiones de las que eran objeto y pedían porque de una vez por todas se les extendieran verdaderas garantías a su trabajo. 

Unas horas más tarde, Idelso Hernández, líder del Frente de Defensa de Cajamarca, desde un estrado levantado a un lado de la Plaza de Armas, prometía públicamente a los periodistas una guardia de seguridad para acompañarlos en su trabajo. Más adelante, Santos Guerrero, Presidente Regional de Cajamarca,  uno de los más activos impulsores de la protesta, reconocía por primera vez errores en el trato que las multitudes habían tenido para con los periodistas y pedía a sus seguidores respeto a su quehacer. 

Los periodistas, sin embargo, tomaron las palabras con escepticismo. “Son declaraciones importantes pero creo que tardías”, dijo al IPYS Luis Mego, para quien ya ha corrido mucha agua bajo el puente y las masas ya están muy enardecidas como para ser encausadas ahora por sus líderes. “Un día, el mismo padre Marco Arana (otro propulsor del rechazo a Conga) se excusó que él no podía controlar las pasiones de la turba en un incidente que ocurría frente a sus ojos”, relató el periodista.

En esa línea, se han expresado otros periodistas. Christian Rojas reconoce que ya Santos y Hernández les han dicho a los periodistas que ellos no avalan la violencia de las turbas, y la promesa de rondas para cuidarlos las vienen haciendo sin cumplir desde el primer paro del año pasado. “Es Flor de un día”, sintetiza Rojas con una frase popular.

En la noche del 15 de junio, no obstante, Hernández había cumplido su promesa en parte, enviando a un grupo de ronderos a que protejan el quehacer informativo de los enviados especiales de Canal N a Cajamarca, Nicolás Salazar y Wilson Alarcón. A un costado de la unidad móvil desde donde la televisora envía despachos en vivo cuando es necesario, un grupo de manifestantes insistían en porqué los protegían, lo que produjo un ligero intercambio verbal con los ronderos.

Salazar, conductor y reportero, opina que las garantías a la prensa debieron darse de parte de los líderes comunales mucho antes y en ellos está hacerles entender a sus seguidores la importancia de que los periodistas expongan los sucesos. “Si insisten en echarnos, es simple: ya nadie va escuchar sus reclamos”, acota.

Para Alarcón, experimentado camarógrafo en casos de conflicto, la protección que recibieron de parte de las rondas debe tomarse con cuidado. “Los dirigentes saben que en las trasmisiones que hacemos solo informamos, por eso nos han enviado ronderos a nosotros. No sabemos ciertamente si lo harán con otros periodistas y si la protección será sostenida”, reflexiona.  

La preocupación en los periodistas cunde. Porque si no hay solución, el paro continúa. Y creen que las agresiones también.


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