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COMUNICADO IPYS

Como es público, en el año 2014, Odebrecht fue un auspiciador de los Premios Nacionales de Periodismo, que entregan el IPYS y la Pontificia Universidad Católica del Perú. El monto recibido por el IPYS para el lanzamiento y organización del premio en 2014 y parte del 2015, es de US$ 220,150. El convenio entre el IPYS y la empresa ​que circula en redes,  y que está tomado de nuestra página web, corresponde a un acuerdo por dos años, rescindido en junio del  2015, rescisión que fue publicada en su momento, ante las evidencias de corrupción de la empresa aparecidas en Brasil. A partir de junio de 2015 ​y hasta hoy, ​los Premios son auspiciados por otras empresas e instituciones, conforme puede apreciarse en  la web de esta actividad. Ninguno de estos auspicios comprometió la orientación de los premios ni la independencia del IPYS en el cumplimiento de su misión. 

Instituto Prensa y Sociedad en desacuerdo con proyecto de ley de Negacionismo de los delitos de terrorismo

COMUNICADOS DEL IPYS
Instituto Prensa y Sociedad en desacuerdo con proyecto de ley de Negacionismo de los delitos de terrorismo
29 Agosto 2012

El IPYS expresa su desacuerdo con el Proyecto de Ley Nº 1464/2012-PE, presentado por el Poder Ejecutivo al Congreso de la República el 28 de agosto del 2012, que plantea la incorporación en el Código Penal del artículo 316-A, denominado Negacionismo de los delitos de terrorismo.

El texto del Proyecto pone al alcance de persecución penal la difusión de opiniones discrepantes con sentencias judiciales firmes, sea porque se crea que atribuyen equivocadamente acciones terroristas a personas que forman parte de este tipo de organizaciones, o porque se considere que son desproporcionadas en las penas impuestas.
 
Bastará que un procurador, o un grupo de víctimas,  o un cuerpo militar, consideren a estas críticas como ofensa a un colectivo social, para activar la imputación por el delito de negacionismo que se propone.
 
En efecto, opinar que la sentencia condenó a inocentes puede calificar, en los términos del Proyecto, como la negación de la comisión de delitos de terrorismo. Y si se opina que la pena es excesiva, como la minimización de tales ilícitos.  Ambas figuran están penalizadas con prisión de entre cuatro a ocho años.  
Por lo demás, existe el serio riesgo de que los periodistas, editores o directores de medios de comunicación que propalen entrevistas a miembros de organizaciones terroristas, en las que estos defiendan o nieguen sus delitos, sean denunciados como cómplices del delito de negacionismo, bajo la imputación de haber prestado dolosamente el medio para la difusión pública de tales expresiones.
 
Sin perjuicio de las objeciones de técnica jurídica que seguramente serán materia de debate en los próximos días, es evidente que el Proyecto representa una seria amenaza a la libertad de opinión, así como al derecho de análisis y crítica de las resoluciones judiciales.  
 
Si bien se ha tratado de justificar el Proyecto en la existencia de “normas similares” en varios países de Europa, es del caso advertir, primero, que dichas legislaciones están orientadas a sancionar el negacionismo del genocidio nazi como una forma de incitación al odio, humillación o desprecio racial o étnico. SI bien no cabe duda el repudio que merece el terrorismo en el Perú por el daño que produjo, es desproporcionado equiparar todas las formas de terrorismo con el genocidio nazi o el Holocausto. En segundo lugar, estas legislaciones no están exentas de cuestionamientos, al punto que el negacionismo del genocidio, sin referencia alguna a la incitación del odio o la difamación racial o étnica,  fue declarado inconstitucional por el Tribunal Constitucional español, siguiendo el criterio del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a través de su sentencia 235/2007 de 7 de noviembre de 2007, precisamente por resultar incompatible con la libertad de opinión.
 
En esa línea, el IPYS recuerda la consolidada jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, acogida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, según la cual:
 
"…la libertad de expresión es válida no solamente para las informaciones o las ideas acogidas con favor o consideradas inofensivas o indiferentes, sino también para aquellas que contrarían, chocan o inquietan al Estado o a una parte cualquiera de la población" Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (STEDH) De Haes y Gijsels c. Bélgica, de 24 de febrero de 1997, párr. 49.    
 
En tal sentido, el IPYS invoca al pleno del Congreso de la República a tener en cuenta y ponderar los graves perjuicios que una norma penal como la que se  propone podría generar en la vigencia de la libertad de expresión en el país y por ende en la consolidación del Estado constitucional. Al mismo tiempo, exhorta al Poder Ejecutivo a revisar esta propuesta que no se condice con la línea de pleno respeto a la libertad de expresión que ha demostrado hasta el momento.  
 
El Consejo Directivo