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COMUNICADO IPYS

Como es público, en el año 2014, Odebrecht fue un auspiciador de los Premios Nacionales de Periodismo, que entregan el IPYS y la Pontificia Universidad Católica del Perú. El monto recibido por el IPYS para el lanzamiento y organización del premio en 2014 y parte del 2015, es de US$ 220,150. El convenio entre el IPYS y la empresa ​que circula en redes,  y que está tomado de nuestra página web, corresponde a un acuerdo por dos años, rescindido en junio del  2015, rescisión que fue publicada en su momento, ante las evidencias de corrupción de la empresa aparecidas en Brasil. A partir de junio de 2015 ​y hasta hoy, ​los Premios son auspiciados por otras empresas e instituciones, conforme puede apreciarse en  la web de esta actividad. Ninguno de estos auspicios comprometió la orientación de los premios ni la independencia del IPYS en el cumplimiento de su misión. 

Emiten auto de prisión a corresponsales de radio comunitaria

ALERTA / 
Publicado el 21/01/2011
Emiten auto de prisión a corresponsales de radio comunitaria

Fuente: AMARC

Este viernes 14 de enero, el Juez de Letras Libres de Amapala, mediante dictamen de audiencia, emitió un auto de prisión en contra de Elia Hernández y Elba Yolibeth Rubio, integrantes de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande, así como en contra de otras doce personas más

* Se les imponen medidas judiciales absurdos que impiden su trabajo periodístico como la prohibición de asistir a manifestaciones públicas

* La Fiscalía presentó sus credenciales como corresponsales y sus cámaras y grabadoras como “prueba” de que estuvieron en el lugar de los hechos para acusarlas por el delito de desobediencia

Como AMARC denunció en su momento[1], la detención de las periodistas comunitarias se efectuó mientras se llevaba a cabo el desalojo de tierras de una familia en la comunidad de Coyolito de la Isla de Zacate Grande al sur de Honduras. Ante ello la población se solidarizó y protestó frente a la propiedad. La respuesta de las fuerzas armadas junto a las guardias privadas del Banco HSBC, quien aduce una hipoteca vencida, fue la represión, a pesar de que ambas corresponsales estaban acreditadas como periodistas también fueron detenidas y golpeadas.

En un proceso totalmente irregular, el día de la audiencia se les negó el recurso judicial que demandaba la nulidad del proceso por su ilegalidad, interpuesto por las abogadas del Comité de Familiares de Detenidos Desaparecidos en Honduras (Cofadeh), sin embargo, el Juez de Amapala procedió a llevar a cabo la audiencia mediante la cual también determinó que las periodistas:

- no podrán salir del país,

- pohibición acercarse a la Comunidad de Coyolito

- presentarse a firmar al Juzgado cada 15 días

- prohición de asistir a manifestaciones públicas.

Todas estas medidas son aberrantes en tanto impiden el trabajo periodistico de las corresponsales y atentan claramente contra la libertad de expresión. El día de ayer 19 de enero la defensa interpuso una apelación al auto de prisión que se determinó en tanto se resuelve la demanda de fondo.

Esta continuidad de un proceso criminalizante en contra de integrantes de medios comunitarios se suma a otra serie de agresiones y hostigamientos que han sufrido medios comunitarios en Honduras en los últimos meses[2] como a las emisoras Guarajambala, la Voz Lenca y Coco Dulce. A pesar de los distintos llamados de la comunidad internacional[3] a dicho país a fin de que cese con las violaciones a la libertad de expresión, el Gobierno Hondureño continúa con actos de persecución judicial y agresiones directas que violentan este derecho.

AMARC ALC refuerza su llamado urgente a Honduras a fin de que ponga fin a estos hechos, y en particular cierre de manera inmediata el proceso judicial penal en contra de las integrantes de la radio comunitaria La Voz de Zacate Grande, y por el contrario, brinde todas las garantías jurídicas necesarias para que dicho medio pueda llevar adelante su labor en condiciones adecuadas.

AMARC ALC insta a que la Comisión Interamericana establezca un seguimiento cercano y puntual ante las acciones y omisiones del Estado hondureño que han permitido el recrudecimiento de las agresiones en contra de los medios comunitarios que mantienen lineas de información críticas e independientes por lo cual se les castiga y persigue.


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