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COMUNICADO IPYS

El Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) considera un grave riesgo para la libertad de información periodística y en general para las actividades de investigación, la  promulgación de la denominada Ley de Delitos Informáticos, que penaliza de manera indiscriminada la utilización de datos o bases de datos en plataforma electrónica. El IPYS lamenta que esta penalización indiscriminada no haya merecido una revisión competente primero por parte del Congreso de la República y después por el Poder Ejecutivo, antes de promulgarse la norma. El resultado será la persecución de  múltiples actividades de utilización de datos y bases de datos informáticos que son completamente lícitas, como por ejemplo las que utilizan plataformas electrónicas del Estado. Por otra parte, la ley trasunta un injustificado temor hacia las nuevas tecnologías de la información y debilita la política de Gobierno Abierto declarada por el Poder Ejecutivo, que promueve precisamente lo contrario; esto es, la utilización masiva bases de datos del Estado. A su vez, la norma asume una equivocada comprensión sobre la información relacionada con la seguridad nacional. Y es que sanciona las conductas que afectan informaciones clasificadas como secretas por razones de seguridad nacional, pero generaliza e incluye a documentos que lleven el sello de “información clasificada”; los cuales, como se sabe, muchas veces no son secretos ni afectan la seguridad nacional. Por estas consideraciones, el IPYS exige una urgente rectificación de la Ley de Delitos Informáticos, sobre todo considerando que no hubo el mínimo esfuerzo de debate amplio, sereno y especializado por parte del Congreso de la República antes de aprobarla.

Directora y colaborador de diario sentenciados el mismo día por distintos casos

ALERTA / 
Publicado el 22/10/2013
Directora y colaborador de diario sentenciados el mismo día por distintos casos

El 21 de octubre de 2013, Esther Valenzuela Zorrilla, directora del diario La Calle de Ayacucho, y Asencio Canchari Sulca, colaborador del medio, fueron sentenciados por presunta difamación en procesos separados de casos distintos en los que fueron denunciados, por su labor fiscalizadora de gestiones públicas aparentemente irregulares. La región Ayacucho está ubicada al centro del país.

A Valenzuela, además parte del informativo Estación Noticiosa de la radioemisora Estación Wari, la sentenció el juez Rigoberto Dueñas Carhuapoma, del  Primer Juzgado Penal de Ayacucho, a dos años de pena privativa con ejecución suspendida, al pago de 25 mil nuevos soles de reparación civil, y una multa 1,050 soles de a favor del estado. A ella la denunció el ex presidente del gobierno regional de Ayacucho, Ernesto Molina Chávez, a quien la periodista criticó en varias ediciones de La Calle, publicadas en 2010, por el proceso de licitaciones para la construcción de un hospital regional.

Canchari Sulca fue sentenciado por el juez Asunción Canchari, del Cuarto   Juzgado Penal de Ayacucho, también a dos años de pena privativa de libertad  y a pagar 3 mil soles de  reparación civil en favor de Magno Sosa Rojas, actual decano departamental del colegio de periodistas, y ex asesor del actual presidente del Gobierno Regional. El comunicador cuestionó al actual presidente Regional de Ayacucho, Wilfredo Oscorima Núñez, sobre su promesa incumplida de un nuevo hospital regional y al entorno de periodistas que lo habrían blindado y no denunciado, entre ellos Sosa Rojas.

Las sentencias se dan a pocos días de que, según un periodista de La Calle,  el Presidente de la Corte Superior de Justicia de Ayacucho, Tony Rolando Changaray, las advirtiera en una conferencia de prensa, adelantando opinión. Para Valenzuela se trata de simple amedrentamiento a una labor fiscalizadora que emprenden desde el diario y el noticiario de radio.

Esther Valenzuela refirió al IPYS que ya han apelado las sentencias pero teme porque existen otros procesos judiciales pendientes de resolución. Uno por una denuncia formulada por presuntas licitaciones irregulares en un proyecto de riego, adscrito al Gobierno Regional y que además alcanza a Manuel Ventura Mariluz y Rosario Romaní Días, también periodistas de La Calle.

El IPYS lamenta que se denuncie tan fácilmente a periodistas por su labor fiscalizadora, y que jueces que no ponderen las críticas que se hacen sobre la gestión pública, terminen sentenciando tal vez desproporcionalmente.

 


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